La Junta destinará 6,3 millones a la formación profesional de 11.000 trabajadores en 2019

Las actividades formativas tienen la finalidad de ofrecer a las personas ocupadas una formación acorde a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas de la región, a las necesidades de adaptación constante, a los cambios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y permitiéndoles mejorar su empleabilidad.

En este contexto, se prevén como actuaciones subvencionables, en primer lugar, programas de formación transversales que incluyen planes de formación dirigidos a la adquisición de competencias transversales a varios sectores productivos o competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de los trabajadores de otros sectores; planes de formación intersectoriales para trabajadores autónomos y para trabajadores y socios de la economía social.

También se pondrán en marcha programas de formación sectoriales, con planes de formación integrados por acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad y con programas de cualificación y reconocimiento profesional mediante procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales en Castilla-La Mancha.

Asimismo, se incluyen becas y ayudas de transporte, ayudas a la conciliación de la vida familiar, a la manutención y el alojamiento que se concedan a las personas desempleadas que participen en las acciones formativas (hasta un 30%) y la posible compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales.

El 74% del alumnado se formará de forma presencial y el 26% mediante teleformación, un porcentaje que crece 5 puntos respecto a 2018.

Por familias profesionales, destacan las de administración y gestión, en la que se formará más del 24% del alumnado; servicios socioculturales y a la comunidad, más del 17%; comercio y marketing, más del 11%; informática y comunicaciones, cerca del 10%, transporte y mantenimiento de vehículos, más del 7% y seguridad y medioambiente, un 6,5%.

En concreto, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas: mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales derivadas de discapacidad mental o motora, enfermedad mental o deficiencia sensorial, y afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

También los trabajadores ocupados en sectores en crisis y con baja cualificación, personas desempleadas de larga duración, los trabajadores poco cualificados, los jóvenes, especialmente los que han abandonado de forma temprana el sistema educativo, así como las personas en riesgo de exclusión social, y las personas refugiadas.

Los beneficiados de este programa se suman a la apuesta por la formación para personas ocupadas del Ejecutivo del presidente García-Page, que ya ha permitido, en el periodo 2015-2019, llegar a más de 55.500 personas beneficiarias, con más de 31,4 millones de euros invertidos, un 33% más que en la legislatura anterior