Detectadas 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en Murcia: Page pide una auditoría

Todo esto se ha sabido a raíz de que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) haya presentado al Gobierno de Murcia una hoja de ruta con medidas para la recuperación integral del Mar Menor, tras el reciente episodio de mortandad de peces en esta albufera. En ella se recoge una primera estimación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre posibles cultivos ilegales que estén contribuyendo a la contaminación del Mar Menor. Aunque los datos son preliminares, la CHS ha identificado por teledetección al menos unas 9.500 hectáreas en el campo de Cartagena sin concesión en el registro de Aguas, según informó ABC el viernes.

En la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero, Transición Ecológica compartió el documento que tiene como objetivo identificar las actuaciones más urgentes para no dilatar los tiempos en las gestiones que asumirán el Gobierno central y el de la Región de Murcia de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias.

Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la CHS está reparando una tubería de impulsión que derivaría parte de las escorrentías para el uso agrario. Se espera que esté finalizada en una o dos semanas, como ya adelantó ABC , aunque se trata de una medida transitoria.

Además, otro de los puntos claves e inminentes se centra en la agricultura. Desde junio de 2018, la CHS ha reforzado las inspecciones en zonas de riego, pozos y desalobradoras. En el Campo de Cartagena se han duplicado el número de expedientes sancionadores, pasando de 92 en 2018 a 207 en lo que llevamos de 2019.

Hasta el momento, los expedientes abiertos por regadío ilegal ascienden a 147 desde agosto de 2018, unas 1.600 hectáreas. Sin embargo, los datos preliminares que maneja este organismo estiman la existencia de al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas de la confederación captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.

Según la nota que remitió el viernes el ministerio, la CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales. Por ello, la Confederación Hidrográfica debe ahora trasladar al Ejecutivo de Murcia los expedientes.

Nada más conocerse estos datos, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero , lanzó desde el Parque Natural del Barranco del río Dulce un mensaje claro: «Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pedimos al Ministerio de Transición Ecológica y a la CHT que investigue y pida una auditoría para determinar cuánta agua procedente del trasvase y, por tanto, de los pantanos de cabecera, van a abastecer los regadíos ilegales del Levante. Esta es la punta del iceberg de un modelo insostenible de regadíos ilegales que se permiten y cuya columna vertebral es el trasvase Tajo-Segura », subrayó.

Añadió el consejero que «desde la región no vamos a consentir ni un día más que el agua de nuestros embalses vaya a esos regadíos ilegales, mientras aquí nuestros pueblos ribereños incluso tengan que ser, en muchos casos, abastecidos por camiones cisternas para el agua de consumo humano». Por ello, recalcó que «nuestra posición desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es muy clara: vamos a exigir al Ministerio que se cambie ese modelo caduco basado en un Memorándum que fue aprobado por el PP y Cospedal y que perjudica claramente a esta región».

Asimismo, recordó que el pasado martes, el Consejo de Gobierno abierto celebrado junto a los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, aprobó dos nuevos recursos contra el trasvase porque «consideramos que la Justicia nos ampara y nos da la razón, pues el Tribunal Supremo ha determinado preservar el caudal ecológico del río Tajo ».

Por tanto, añadió. con ese reconocimiento de la CHS de la existencia de regadíos ilegales, «queremos que tanto la Confederación y el Minsiterio determinen a través de una auditoría cuánta agua de esos regadíos ilegales se suministran de los acuíferos y cuánta del trasvase, «porque nos parece que no se puede permitir».