1’5 millones para ayudar a pagar la luz a 10.000 familias de la región

El presupuesto total para estas ayudas es de 1,5 millones de euros, y tendrán una cuantía de 150 euros en pago único , para lo que se contará con Cruz Roja, que será la entidad que facilitará la regularización de estas ayudas, que serán asumidas económicamente por el Gobierno regional.

Para el corte de suministro energético se establecerá un acuerdo con las empresas energéticas, con las que se están cerrando los detalles del mismo, aunque habrá un informe previo de los técnicos de la Consejería para determinar con exactitud cuáles son aquellas familias que realmente no pueden hacer frente a la factura de la luz. En todo caso, tendrá prioridad aquellas familias con hijos a su cargo, menores de 16 años.

Por el momento, según Sánchez, su departamento no ha precisado qué provincia de la región es la más afectada por esta situación de pobreza, aunque se realizará un estudio estadístico para ello. Los posibles solicitantes son aquellos que ya han demandado o otras ayudas como el Ingreso Mínimo de Solidaridad o la Ayuda de Emergencia . En un primer momento se aprobará un decreto para subvencionar a Cruz Roja en el mes de diciembre y posteriormente se dará el visto bueno al acuerdo con las empresas energéticas antes de que acabe el año, de tal manera que los pagos de las primeras facturas se puedan estudiar a principios de 2016.

Aunque el invierno comienza en diciembre, según la consejera todos estos acuerdos se firmarán en este mes de manera que las ayudas empiecen a entregarse en enero y será en estos momentos cuando no se realizarán los cortes de suministro a las familias.

García-Page dijo que desde su Gobierno no quieren llamar «al impago» con estas medidas, ya que van encaminadas a decir «’stop’ a los cortes de luz por pobreza». «Que nadie se apunte a una medida de este tipo con mentalidad de no pagar la luz . Que nadie deje de pagar la luz porque lo va a pagar la Junta, porque se equivoca», subrayó firme.

Para realizar el informe de las familias que sufren esta situación se establecerá «un filtro de absoluta seriedad», porque no se va a cortar la luz «sin antes hablar con los Servicios Sociales» , aseguró el jefe del Ejecutivo regional, quien reconoció que aunque se destine «poco dinero» a estas medidas, se pagará con «más espíritu y más alma» que la cuantía que dedican a «carreteras» u otros planteamientos. Además, el presidente regional plantó que su Gobierno no se quedará solo en estas medidas, sino que quiere intentar plantear convenios de colaboración para ir renovando y optimizando el suministro de estas viviendas.

También se congratuló de que no se trate de una medida «al aire» y que sirva para «arreglar el problema» de estas familias, añadiendo que los presupuestos de la Comunidad autónoma van estar más enfocados al «aspecto social, la solidaridad o la igualdad».

Por su parte, José García Molina valoró estas iniciativas, que calificó no como «una medida de caridad» sino como una propuesta de «justicia social», mostrando su deseo de que sea «el punto de despegue» con el objetivo de que en Castilla-La Mancha comiencen a sentarse «los pilares» para que los «índices de desigualdad y pobreza puedan empezar a minimizarse».

La diputada Blanca Fernández también se mostró «muy satisfecha» ya que, «a pesar de la adversidad económica», el Gobierno regional esté adoptando este tipo de medidas. Asimismo, valoró que el acuerdo de investidura con Podemos vaya «dando sus frutos» y que ambos partidos vayan encontrando «puntos de confluencia». «Le damos las gracias por su actitud a Podemos», manifestó.

En Castilla-La Mancha hay 2.500 familias que perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) , una ayuda de 372,76 euros que se ha «feminizado» en los últimos años y entre cuyos perceptores predominan las familias monoparentales maternas. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez , explicó ayer en las Cortes regionales los tipos de rentas de emergencia que existen y la situación de pobreza y exclusión social en la Comunidad autónoma, informa Efe.

Según los datos que aportó en base al último informe de la red nacional de lucha contra la pobreza, el 36,9% de la población castellano-manchega (767.000 personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social, 7,7 puntos por encima de la media nacional y la cuarta tasa más alta del conjunto de Comunidades autónomas.

La pobreza severa alcanza al 8,6% de los castellano-manchegos, un 26% más que la media nacional; hay 178.000 unidades familiares que sobreviven con 332 euros mensuales, y la renta media anual está en 8.545 euros por persona, una de las más bajas del país y un 11,3 % inferior a la que había en 2009.