La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha insistido al Gobierno en que la llegada de menores de edad extranjeros que se encuentran en situación ilegal en España tiene que ser de manera «organizada y consensuada para no perjudicar ... a nuestro sistema de protección», además de contar con la financiación suficiente.
«Hemos pedido que no se hagan traslados sin ser consensuados y sin que veamos si tenemos plazas disponibles», ha explicado la consejera, añadiendo que «las comunicaciones son fluidas» con distintos ministerios y «tenemos el compromiso» del de Infancia de que esto va a ser así.
García Torijano ha hecho estas declaraciones al término de la jornada 'Inclusión Laboral como Clave para para Transformación', que han organizado El Español-El Digital CLM y la Fundación La Caixa en el Salón Rico de Toledo. Ha destacado que en Castilla-La Mancha «destinamos al año más de 11 millones de euros en proyectos de inclusión que benefician a entre 18.000 y 20.000 personas, de las que el 60 por ciento son mujeres».
Asimismo, «también tenemos que destacar el trabajo de Igualdad», ya que «más de 20.000 pasan por los 85 Centros de la Mujer que hay en Castilla-La Mancha».
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