Se produce este nuevo trasvase cuando el Gobierno central aún no ha procedido a aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, por lo que los volúmenes a derivar no cumplen con los caudales ecológicos que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en su día, algo «incomprensible» para el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha dicho este miércoles la consejera Portavoz, Esther Padilla.
La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ya ha anunciado que pedirá medidas cautelares y estudia recurrir a los tribunales la decisión de la Comisión de Explotación, ya que el año hidrológico finalizó el 30 de septiembre y, según la normativa vigente, los volúmenes no trasvasados dentro de este periodo caducan automáticamente.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que visitó Cuenca el 11 de julio, dijo que estarían en plazo, es decir, a final de septiembre, pero al no haber ocurrido así, el Gobierno regional ya ha señalado que se estudia emprender acciones legales contra esta decisión. Incluso, la ministra dijo que no iba a haber necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha recurriera a los tribunales ya que «ha habido una nueva sentencia y seremos muy escrupulosos en su ejecución».
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