Los bomberos forestales de Castilla-La Mancha denuncian precariedad laboral y recortes en las campañas de extinción

Representantes de los ocho sindicatos que forman parte del Comité Intercentros de Geacam, han ido planteando, ante los medios de comunicación, sus peticiones. «El período alto y extremo de incendios forestales comienza el día 1 de junio y termina el día 30 de septiembre. Sin embargo, durante esos 4 meses no está todo el operativo completo, sólo estamos del 23 de junio y hasta el día 12 de septiembre, son 82 días, cuando deberían ser 122«, ha explicado Manuel Amores, de CCOO y presidente del Comité Intercentros.

Según el sindicalista, después del incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), en el murieron 9 bomberos forestales y 2 agentes medioambientales, se firmó con el Gobierno presidido por José María Barreda, que la temporada de incendios mínima sería de 122 días o cuatro meses, «pero desde 2020 el Gobierno del PSOE viene recortando las campañas de extinción y eso es peligrosísimo, tanto para los bomberos como para el medio ambiente, y pedimos que nos devuelvan los 122 días».

Iván García, delegado de UGT, ha añadido que desde el año 2012, el Gobierno de Castilla La Mancha, «primero con Cospedal, que fue cuando sufrimos los mayores recortes que hemos tenido en el dispositivo de prevención y extinción de incendio, el Gobierno de de Page ha continuado con estos recortes en materia de personal«.

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García ha reivindicado un dispositivo contra incendios suficiente, con un número mínimo de personas. «Esta campaña hemos estado por debajo del mínimo, con los problemas que supone de operatividad; no podemos tener un dispositivo en mínimo porque en cuanto hay un problema o una baja, algún accidente laboral o cualquier historia, las unidades ya no cumplen el mínimo operativo para poderse funcionar, con el consiguiente riesgo para todos los compañeros» y ha matizado que no se puede decir que somos el mejor dispositivo de España «cuando estamos bajo mínimos y pasando de unas unidades a otras porque no hay trabajadores suficientes«, ha dicho García.

Elisa Sánchez, del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha manifestado públicamente la necesidad urgente de que los trabajadores y trabajadoras del servicio de prevención y extinción de incendios forestales pasen a ser reconocidos como personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. «Actualmente nuestro colectivo desempeña funciones esenciales en la protección de la población, los montes, el patrimonio nacional, asumiendo riesgos en primera línea frente a los incendios y emergencias ambientales. Sin embargo, seguimos sufriendo una situación de de precariedad laboral y falta de reconocimiento institucional que no corresponde a la importancia y la peligrosidad de nuestras tareas«.

Y ha apuntado que es hora de que la administración autonómica asuma su responsabilidad y ponga fin a la discriminación que están sufriendo «porque los bosques, los pueblos y las vidas que protegemos merecen un servicio público digno, estable y eficaz, lo cual solo será posible garantizando nuestros derechos como trabajadores«.

Desde USO, Omar Alarcos, ha pedido también que las bolsas de empleo para la prevención y extinción de incendios forestales sean amplias y suficientes para cubrir bajas y sustituciones todo el año. «Nuestro trabajo requiere de personal capacitado y disponible de manera continua. Es necesario para responder eficazmente ante las emergencias e imprescindible para garantizar la continuidad del trabajo de prevención y extinción durante los 12 meses«, ha puntualizado.

Óscar Serrano, de CSIF, ha denunciado «el incumplimiento sistemático» por parte de la empresa Geacam y de la Junta de Comunidades del estatuto de bomberos forestales. En base a ello, pide que se empiecen a aplicar «los coeficientes reductores» para trabajadores que se van a jubilar y que se cubran las bajas en prevención y extinción«. Asimismo ha demandado formación física y teórica.

Por su parte, Francisco Javier Pozo, desde STAS, ha reclamado la aplicación del convenio de este colectivo, citando algunos problemas que están surgiendo «a la hora de ir al médico o a la hora de cobrar los pluses». Asimismo, ha denunciado una aplicación diferente de este convenio según la provincia de la región a la que pertenezcan los trabajadores.