Por un Pacto Nacional del Agua

En este sentido, la responsable de esta materia en el Ejecutivo autonómico, Elena de la Cruz, ha vuelto a reclamar este pacto nacional, aunque para ello reclamó un «cambio de actitud» por parte del actual Gobierno central. Fue en la II Jornada dedicada al agua como motor de empleo organizada por la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato UGT, cuando De la Cruz reiteró que «vamos a seguir pidiendo ese pacto nacional a la ministra» Isabel García Tejerina, de la que espera un nuevo rumbo «en la misma línea que hemos visto a otros ministros del Gobierno de la nación» durante sus primeras semanas de actividad.

Como se viene haciendo en el último año, la solicitud va encaminada a que lograr una mayor permeabilidad del Ministerio de Agricultura hacia «las reclamaciones que hacemos desde Castilla-La Mancha», como ingrediente esencial para la construcción de un nuevo pacto hídrico estatal, aclarando que se solicitará una nueva reunión en la que se esperan gestos no sólo sobre el trasvase Tajo-Segura, sino también en cuanto a las inversiones en infraestructuras de abastecimiento o depuración que «debería acometer el Gobierno de España» en la comunidad castellano-manchega.

Asimismo, la consejera de Fomento ha hecho especial hincapié en el indiscutible giro que ha experimentado «el posicionamiento» del Ejecutivo regional con respecto al agua y su capacidad para generar empleo y dinamizar la economía. «En 16 meses han cambiado muchas cosas», ha indicado, destacando no sólo la lucha que el Gobierno autonómico mantiene en los tribunales persiguiendo un uso más racional del trasvase Tajo-Segura o la modificación de los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno de España.

A su juicio, otro aspecto relevante que ha cambiado durante el primer año largo del nuevo mandato en Castilla-La Mancha es la necesidad de introducir agua por procedimientos alternativos en el sistema español. «Quiero creer que la actitud del Gobierno nacional también ha cambiado porque empiezan a hablar de desalación, que es algo que ha puesto en boca de todos el Gobierno de Emiliano García-Page para introducir recursos alternativos y que el agua se pueda quedar en nuestra región», dijo.

De la Cruz también ha destacado que el agua es una herramienta potente «como generadora de empleo» en la «agricultura, la ganadería, la industria de transformación de la agricultura y para la propia industria», por lo que «vamos a defender que el agua se quede aquí».

En cuanto a las reivindicaciones sindicales en relación a la necesidad de avanzar en la remunicipalización de servicios relacionados con el agua, Elena de la Cruz afirmó que la gestión de este recurso en España es «compleja» y se «solapan» una multitud de actores de titularidad pública y privada, ya que intervienen municipios, mancomunidades, la propia Administración regional, empresas o uniones de empresas. No obstante, la intención de la Junta es la de contribuir desde el Gobierno regional a la definición de sistemas que aseguren una buena prestación del servicio de abastecimiento a los ciudadanos.

La posición sobre el trasvase Tajo-Segura sigue siendo uno de los asuntos de posicionamiento político en Castilla-La Mancha de mayor calado, aunque sigue sin resolverse con satisfacción para todas las partes. Para el gobierno actual de la región, «es una reliquia, un parche que satisface necesidades de la España árida a costa de la España seca», aunque también se indica que este país «necesita un gran acuerdo que recoja que contemple el agua como un instrumento de desarrollo de sus territorios, y como tal, de igualdad».

Tampoco apoya el Ejecutivo el memorándum del Tajo, ya que aparte de considerarlo un «apaño» entre de comunidades autónomas del mismo color político (PP), no resuelve un problema de calado nacional, y «en realidad fue la consolidación, la perpetuación y el aumento de potencia de una infraestructura cuyo uso se puede moderar y regular como un hecho excepcional, no como una mutación geográfica permanente entre una cuenca (Tajo) y otra (Segura)».

El Gobierno de Castilla-La Mancha manifiesta su disposición reiterada a colaborar con el Gobierno de España, a abordar la cuestión del agua, su acceso y su coste, de manera integral y global, «no mediante modelos gastados y caducos para cambiar una sola cuenca hidrográfica físicamente de lugar». Y se asegura que «estamos dispuestos a dialogar, pero sobre la base de que la situación ha cambiado con respecto a 1979 y que esos cambios (en conciencia medioambiental, en instrucciones europeas y en desarrollo tecnológico disponible) deben traducirse en un uso residual del trasvase Tajo-Segura porque hoy es posible»

Pero al margen de la voluntad política, no hay que perder de vista que la vía judicial de los recursos a los trasvases y planes hidrológicos podría enredarse y eternizarse en los tribunales, tras la providencia dictada por el Tribunal Supremo subyugando entrar en el fondo de la cuestión a la toma de decisión del Tribunal Constitucional sobre el decreto de la Demarcación del Júcar.