«Don Juan Carlos está dolido, pero sereno»

Y hace cuatro meses, cuando empezaron a publicarse las filtraciones interesadas de Corinna, también aceptó que el Rey le retirara la asignación del presupuesto de la Casa y que Zarzuela hiciera público un comunicado de ruptura que le condenaba moralmente. Él había ocultado a su hijo información que le comprometía, y debía saberse. Como también debía saberse que el Rey había adoptado otras medidas para preservar a la Corona de esos asuntos poco transparentes.

Esas medidas consistieron en trasladar copia de la carta a las autoridades competentes, renunciar a la herencia de origen dudoso de su padre que en un futuro le pudiera corresponder y en comparecer ante un notario para dejar constancia de que, si realmente figuraban él o su hija, la Princesa de Asturias , como beneficiarios de una fundación, eso se había hecho sin su conocimiento ni consentimiento; para ordenar que esa designación se dejara sin efecto y para renunciar a cualquier beneficio que pudiera corresponderles. Es más, la renuncia de Don Felipe no se circunscribía a la Fundación Lucum , sino que se extendía a cualquier inversión o estructura financiera que no fuera claramente legal y transparente.

Don Juan Carlos también comprendió entonces que tendría que buscarse su propio portavoz, porque no podría contar con la Casa del Rey para defenderse. Y para ello eligió al abogado Javier Sánchez-Junco Mans, ex fiscal anticorrupción, que será quien dé cuenta públicamente de las informaciones que considere oportunas.

Cuando La Zarzuela anunció todas estas medidas el pasado 15 de marzo, algunas personas consideraron que Don Felipe estaba siendo excesivamente duro con su padre, ya que el comunicado de la Casa equivalía a una condena moral cuando todavía no existía ningún proceso judicial abierto contra Don Juan Carlos. Lo que estaba claro era que el Rey se había adelantado a la opinión pública y había actuado con contundencia antes de que nadie se lo pidiera.

Obviamente, el Gobierno tenía conocimiento de las medidas que adoptó el Rey hace cuatro meses. Es más, al día siguiente de que se difundiera el comunicado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , mostró su respeto a la «contundente» decisión de Don Felipe, que calificó de «importante y relevante».

Sin embargo, cuatro meses después del comunicado, algunas voces, alentadas por el propio Gobierno, han empezado a presionar al Rey para que tome más medidas contra Don Juan Carlos. El objetivo es extender la creencia de que las decisiones adoptadas hasta ahora por Don Felipe no son suficientes, y que es necesario despojar a Don Juan Carlos de su título de Rey e, incluso, que abandone su residencia del Palacio de La Zarzuela , aunque la pena de destierro lleva décadas derogada en España. Todo ello, a pesar de que todavía no hay ninguna acusación contra el padre del Rey.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se ocupó personalmente de echar leña al fuego al calificar de «inquietantes y perturbadoras» las noticias sobre Don Juan Carlos y, poco después, la portavoz, María Jesús Montero , pidió claramente más medidas: «El Gobierno celebra todas las medidas pasadas y futuras que se puedan impulsar». Y, a partir de ese momento, fuentes gubernamentales han empezado a engordar rumores contradictorios e infundados que calientan el debate no solo sobre si Don Juan Carlos debe o no abandonar La Zarzuela y renunciar a su título de Rey, sino sobre si estaría dispuesto a hacerlo, algo sobre lo que no se han pronunciado ni el Rey ni su padre.

Fuentes monárquicas advierten del riesgo de que si el Rey cediera ahora y aceptara tomar más medidas para alejar a Don Juan Carlos, dentro de unos meses también podrían parecer insuficientes al Gobierno y entonces le pedirán nuevas decisiones, incluso, un referéndum entre Monarquía y República , como ya ha reclamado Unidas Podemos , partido parte del Gobierno. Porque, para muchos, el objetivo de esta campaña es desgastar a la Corona y propiciar una República.

Según Alberto Núñez Feijóo , presidente de la Xunta de Galicia, el Gobierno ha recurrido a «un juego muy antiguo» que consiste en utilizar la investigación a Don Juan Carlos para «desviar» la atención de sus graves problemas, como son los rebrotes de Covid-19 o el paro, entre otros.

Lo cierto es que el Gobierno está siendo mucho más exigente con el Rey Don Juan Carlos que con los escándalos que han afectado a Sánchez o a sus ministros, como fueron el caso Delcy-Ábalos , que ha sido declarado secreto oficial, el caso Dina o la denuncia falsa de Pablo Iglesias sobre las cloacas del Estado , sin olvidar los ERE de Andalucía que, según Pedro Sánchez, eran cosas del pasado: «Mucho antes de que se conociera la sentencia de los ERE, el PSOE ya asumió sus responsabilidades políticas y no hay nada más que añadir», dijo, y entonces le pareció suficiente. Ahora muestra su doble vara de medir.