El cánnabis salta a la España vaciada y crece ilegal en cooperativas

El trabajo, firmado por la fiscal jefe de Antidroga, Rosa Ana Morán, dibuja una realidad de «cultivos mayores, más organizados, con mayores concentraciones de Tetrahidrocannabinol (THC) y de los que se obtiene mayor rendimiento». Se detiene en este punto por todo lo que significa: «Se han encontrado porcentajes superiores al 20% de THC en la planta y aumentos del 50% y hasta el 92% en el hachís, fruto de una cada vez más fácil manipulación genética» de los cultivos.

La droga, que no es considerada de las que causan grave daño en la salud y para cuya persecución no es factor determinante el nivel de concentración de estupefaciente, es ahora más adictiva que antes y tiene un potencial dañino mucho más alto, sobre todo en la población joven. La Fiscalía insta a abrir una reflexión sobre este asunto. En la cocaína, por ejemplo, siempre se mide la pureza de las partidas incautadas y se tiene en cuenta para imponer las condenas. Con la marihuana y el hachís no ocurre lo mismo. Antidroga subraya este asunto porque el contexto lo es de banalización del consumo.

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La percepción de su uso recreativo y sus propiedades medicinales, junto con la proliferación de países que han legalizado el uso terapéutico, contribuye a que la población quite aún más hierro a un consumo que ahora es más peligroso. El informe alerta sobre mensajes que acaban «confundiendo» a los ciudadanos en una sociedad donde los derivados de la marihuana sin THC se venden en todo tipo de formatos, desde aceites a caramelos con aspecto de chupa-chups, incluso en máquinas expendedoras. «Proliferan informaciones confusas e interesadas que requieren una respuesta que va más allá de la que puede hacerse desde el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público», dice Morán.

Mención aparte merece la red tras los cultivos, porque la condición de país productor «conlleva, además del propio riesgo que produce el crecimiento del consumo de una sustancia económicamente accesible, la instalación en España de organizaciones criminales extranjeras que, en colaboración con estructuras nacionales, aprovechan las facilidades» de producir aquí. Estas organizaciones son cada vez más violentas, como revela la mayor incautación de armas en las operaciones de Antidroga que se vienen registrando y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre las propias redes, los llamados «vuelcos». Pero también crecen en otros sentidos.

El informe alerta de que estas redes se están expandiendo a lugares donde tradicionalmente no había delincuencia por cultivo de marihuana, provincias del interior como Toledo, Ciudad Real, Burgos o Salamanca, que no salían en ese mapa de España donde cada año aparecen en rojo lugares como Algeciras, Granada o Murcia. Ahora, «son utilizadas por las organizaciones para la producción de esta sustancia, tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos «indoor», con el resultado de mayores incautaciones y del incremento de causas penales por producción y venta de cánnabis».

También alerta Antidroga de un posible cambio en el modus operandi a partir del reporte que ha enviado en 2022 la fiscal delegada en Almería. Detectaron allí 4.171 enganches ilegales a la red eléctrica ligados al cultivo «indoor» en plantaciones que, vistas una por una, eran poco significativas por la pequeña cantidad incautada. El problema es que trababan de manera coordinada, «a modo de cooperativas de producción, manipulación y envasado de la sustancia para su posterior comercialización». Fuentes de Antidroga consultadas por ABC intuyen que este puede no ser un caso aislado. Allí, como en Granada, abundan las causas derivadas de grandes incautaciones de cánnabis y las intervenciones de espacios «indoor» son una constante. En todo caso, en Andalucía es Cádiz, un año más, la provincia en la que más droga se incauta: el 50% del hachís y un 78% de cocaína de la comunidad autónoma, pese a haber caído a la mitad la resina intervenida el año pasado en comparación con el anterior. La delegada en la región lanza un recado al respecto: considera que las cifras han bajado por «una menor presión policial y la desaparición del grupo operativo OCON Sur, que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía».

Esa presión sobre el Campo de Gibraltar ha ido desplazando a las redes a otras costas andaluzas. En este sentido, Huelva se sitúa como la segunda provincia con más incautaciones de hachís y de allí se subraya la proliferación de organizaciones de colaboración «que funcionan a modo de cooperativas ilícitas que dan cobertura a organizaciones gaditanas», contando con miembros propios que subcontratan mecánicos, pilotos, tripulaciones, encargados de guarderías, etcétera. Tanto aquí como en Algeciras y Cádiz, las delegadas de Antidroga inciden en el «colapso de juzgados y fiscalías como consecuencia del incremento de operaciones policiales del Plan Carteia, que se puso en marcha sin prever, en ninguna de sus fases, la necesidad de reforzar los órganos judiciales.

Constan, dice la memoria, «graves retrasos» en la instrucción de las causas. También sobre cánnabis, Antidroga se fija en Cataluña, donde, dice, la cultura del asociacionismo cannábico que «se ha extendido en un proceso metastásico por toda España, sigue teniendo una vigencia» en esta comunidad autónoma «preocupante». Sólo en Barcelona se han abierto 488 diligencias de investigación por estos clubes, que «construyen un complejo entramado para la producción y distribución a gran escala».

La extensión de la producción y comercio del cánnabis se observa también en Gerona, Lérida y Tarragona, como dice el informe, donde las diligencias abiertas el año pasado revelan «cada vez más la instalación en Cataluña de organizaciones extranjeras que, aprovechando una cierta tolerancia social, realizan plantaciones y distribuyen las plantas posteriormente por toda Europa», incluso con venta online.

En general, el número de causas por narcotráfico sube en toda España y llegó a las 21.740 en 2022, un 4 por ciento más que en 2021. La memoria destaca el aumento de causas en provincias de interior como Cuenca o Soria, aunque no sea especialmente preocupante en número debido a la reducida cifra de partida. Burgos, Salamanca, Orense o la Rioja también experimentan aumentos notables derivados, en la mayoría de los casos, de las plantaciones y tráfico de cánnabis.