Caso mascarillas: el director del SCS declara ante el juez

Esta operación se ejecutó por 4 millones de euros durante pandemia del Covid-19, sin que el material esperado llegase nunca.

Junto a Domínguez, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada a la Ciudad de la Justicia, también deberá comparecer ante el magistrado el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco González, a quien presuntamente se le entregó el dinero por adelantado para que adquiriera las mascarillas.

En este sentido, el pasado mes de julio, el Juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del SCS, la directora general de Recursos Económicos del SCS, que ya declaró el pasado martes, y el administrador de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que incluso se ha personado en el caso, indicó en su momento que no cejará en su empeño para recuperar los 4 millones abonados a la empresa y que permanece atento a la evolución judicial del 'Caso mascarillas'.

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, tras comparecer ha declarado que «lógicamente, el gobierno es el estafado aquí» y ha dicho que ha respondido a «todas las partes». Se ha mostrado convencido de que «el Servicio Canario de Salud y yo, en particular, hemos actuado bajo la legislación vigente en cada momento» y que se mantiene el objetivo de recuperar los cuatro millones invertidos

El objetivo de esta investigación es esclarecer y recuperar los cuatro millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un lote de un millón de mascarillas FPP3 que nunca se entregaron. Los hechos se remontan a abril de 2020 en un momento en el que el mercado mundial de productos sanitarios era competitivo y Canarias competía con el resto del mundo para conseguir materiales de protección.

Durante el estado de alarma, a través de la Agencia Tributaria Canaria, ya se han ordenado hasta diez embargos a la empresa para recuperar la deuda, que alcanza ya los 4,8 millones, pero hasta el momento los intentos han sido «infructuosos». La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El encargo se realizó el 25 de mayo de 2020 y la mitad se abonó el 27 de agosto. Posteriormente, el 28 de octubre, el SCS requirió el material y el proveedor dijo que necesitaba todo el dinero para subastas en el mercado y por ello, el 19 de octubre se abonan otros dos millones. Finalmente, el 15 de enero, el intermediario de la operación comunica por carta que no pueden realizar el suministro por lo que la Dirección General de Recursos Económicos inicia el 1 de febrero el expediente de resolución del contrato.

La empresa llegó a comunicar que las mascarillas llegaron Gran Canaria procedentes de Etiopía pero fueron incineradas por Inspección de Aduanas dado que no cumplían con las certificaciones europeas.

El 29 de junio la empresa contactó con el SCS y ofreció unas mascarillas del mismo nivel para poder anular el procedimiento de embargo pero se le pone la condición de que debe aumentar la partida hasta los 1,2 millones, de tal forma que el coste por mascarilla baja a 3,30 euros, y entregarlas en una semana. Volvieron a incumplir y el expediente de reintegro de los fondos siguió su curso.