El asesino de Hayate, última víctima de violencia de género, tenía denuncias desde 2013

La víctima, que murió de dos puñaladas en el domicilio que compartía con sus cuatro hijos, ya le había denunciado por amenazas el pasado 28 de diciembre. Como ha informado el TSJC compareció en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Arona, y se acogió a su derecho a no declarar contra su pareja. Manifestó que el hoy investigado era su pareja sentimental, y explicó que esta relación había empezado en 2013, uniéndose ambos en matrimonio, y que fruto de esta relación tenían dos hijos, y añadió que en 2019 se habían divorciado y que habían «retomado la relación como compañeros de piso» en marzo de 2020.

La hoy fallecida se acogió a su derecho a no prestar declaración contra el ahora investigado como presunto autor de su muerte «atendida la relación sentimental» con el mismo y, al realizársele ofrecimiento de solicitud de orden de protección, manifestó que no le interesaba «la adopción de medida alguna». Igualmente, se le ofrecieron por su señoría acciones penales y civiles, y manifestó que renunciaba «a cuantas pudieran corresponderle», y expuso que la renuncia la hacía «libre y voluntariamente» sin que «mediara amenaza o coacción alguna», según declaró. Tras esta declaración, el representante del Ministerio Fiscal en las diligencias solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, lo que acordó la autoridad judicial con el informe favorable de la defensa y del abogado del investigado.

Tal y como ha dicho en Canarias Radio la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este es «un caso sangrante» por «la cantidad de denuncias que se llegó a tener, con órdenes de protección desde 2013». El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado que había «antecedentes y medidas de alejamiento anteriores» para el presunto agresor, pero «la ponderación corresponde a la autoridad judicial» y en un Estado de derecho «los elementos los tiene que encauzar la autoridad judicial».

Como ha insistido, «es necesario mantener la denuncia y los testimonios» así como que la sociedad «colabore para que haya medidas más intensas de protección de la víctima» porque la autoridad judicial «sin ese respaldo no puede actuar, porque estamos en un mundo de derecho que se sustenta en testimonios y pruebas».

«Obviamente el sistema hay que mejorarlo como siempre, y madurar» pero «hubiese funcionado si se hubiese mantenido la denuncia», ha expresado Pestana. Las medidas «no pueden ser solamente adoptadas libremente por la policía o por la Guardia Civil» pero «estamos en un mundo que es derecho» porque «los jueces necesitan elementos de prueba para proteger a las víctimas» y si no es así «no pueden alcanzar a protegerlas».

Según Pestana, «no podemos dejarlo todo en manos de la víctima, que es la parte más débil de de este sistema, sino que intervengan también vecinos, familiares, profesores a través de los niños, o tantas personas como puedan ayudar de alguna manera a proteger a esas posibles víctimas».