CC instó en 2007 a desarrollar la actividad petrolera en Canarias

La «hoja de ruta» en materia energética de las Islas se acordó en el mes de marzo «in extremis», a pocas horas de agotarse el último periodo de sesiones parlamentarias antes de las elecciones autonómicas de mayo de aquel año, con Marisa Tejedor como responsable de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Marca las directrices a seguir hasta el año 2015 y ya entonces se consideró su revisión en 2010 para ir adaptando el documento a las circunstancias.

Así, en el punto 7.3.5 sobre «Control de las prospecciones de hidrocarburos», el Gobierno de Canarias asume que «exigirá y hará cumplir a toda actividad de exploración sísmica, prospección y extracción de hidrocarburos, decidida por la Administración central, el máximo respeto a las condiciones medioambientales de áreas especialmente sensibles y con la definición, en el marco de sus competencias, de estrictas medidas minimizadoras de los impactos potenciales».

De forma complementaria, además de instar a las empresas a desarrollar la actividad, tomará en «consideración las demandas ciudadanas» expresadas «a través de este Gobierno y de los cabildos insulares concernidos para que, con una parte de los eventuales beneficios que se deriven de tal actividad, se doten adecuadamente actuaciones de tipo social que compensen sus impactos negativos sobre la ciudadanía y sobre el territorio, y sobre la creación de nuevas actividades en la región derivadas de tales actividades de exploración y producción de hidrocarburos».

En consecuencia, a tenor de las indicaciones señaladas en el Pecan, el Ejecutivo canario no sólo da por sentadas las prospecciones, sino que propone compensaciones por la futura extracción y producción de petróleo en las Islas, lo que supone superar lo aprobado por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre de 2001, convalidado recientemente en Consejo de Ministros. El Real Decreto autoriza la investigación de posibles yacimientos, pero «no supone una autorización automática de ningún tipo de trabajo de explotación», según la memoria abreviada del impacto normativo derivado de la convalidación elaborada por la Dirección General de Política Energética y Minas. Además, el plan señala que, «de acuerdo con la Constitución Española, su autorización corresponde al Gobierno central», pero no por ello el Gobierno canario «puede quedar totalmente ausente de su desarrollo».

Partiendo de estas premisas, explica que «las eventuales actividades de exploración y producción», se harán con «el máximo respeto a la especiales características medioambientales y a la sensibilidad social que implican por su cercanía a zonas eminentemente turísticas». De ahí que requiera que «una parte importante de los eventuales beneficios reviertan en las islas más próximas y en Canarias».