Así es la «Ley Barragán», que prevé en Canarias una Stasi contra la corrupción

La normativa es dura para aquella gente que esté acostumbrada a trabajar en el sector público canario por su origen territorial antes que por su talento. Los altos cargos pasarán un control de honorabilidad . Su papel dependerá más de sus codos que de los dedos de otros que les designen por cuota insular. Es decir: prima a la gente formada antes que a los que vienen ordenados por el partido que gobierne.

En las islas, se ha previsto el fomento de la delación entre los altos cargos y personal de confianza. A la mínima duda, el Gobierno de Canarias tomará medidas con una unidad especializada a modo de Stasi que no requerirá aumento de personal. Ese centro de poder tendrá autonomía .

En el Gobierno de Canarias y sector público autonómico, afecta a once personas. 76 altos cargos de confianza sin poder de firma pero que manejan mucha información sensible, se aplica en once organismos autónomos y entidades empresariales, 20 empresas públicas , siete fundaciones, todo el personal eventual de confianza o asesoramiento especial.

En las empresas públicas del Gobierno de Canarias es donde anda la mayor parte de las irregularidades que se han estado investigado en las islas. Esto se debe a la opacidad con la que operan funcionarios que no han sido altos cargos que se habrían estado beneficiando del escaso conocimieto técnico de políticos que han puesto al frente de ellas.

Entre otros aspectos, el Gobierno de Canarias hará accesible la agenda de altos cargos cruzando datos informáticos lo que llevaría a crear en las islas un registro de grupos de interés que actualmente no existe y que afecta, entre otros, a intermediarios chusqueros que andan saltando entre patronales y sindicatos haciendo presión al sector público cuando vienen de terceros.

La medida tiene como finalidad «incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, así como fortalecer la integridad de los servidores públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos».

Canarias permitir, por tanto que quien quiera influir en una decisión pública se sepa. Los grupos de presión de las islas se sabrán por sus nombres y apellidos siguiendo la idea de luchar contra la corrupción y proteger a los denunciantes . Una medida demandanda por despachos profesionales ante la injerencia de entidades empresariales metidas a consultoras de relaciones sociales y que cobrarían a través de patrocinios.

El desarrollo de la norma obligará, previsiblemente, a efectuar modificaciones en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cambios en la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, que a su vez se ve afectada por una directriz de la UE y que entra en vigor en el segundo semestre de 2018 .