Un gas inviable

En concreto, el consejo de la CNMC considera necesario realizar una actualización del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características de dicho mercado y la viabilidad económica de las inversiones a realizar. Dado el tiempo transcurrido, es posible en opinión del supervisor «que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector energético en general». El informe de la CNMC sostiene –aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que producirá la gasificadora y, por otro, que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta .

El Gobierno ha salido al paso manteniendo el despropósito con afirmaciones cuando menos singulares: se trata de meras correcciones a los documentos presentados que se aportarán de inmediato. Como si no hubiesen tenido tiempo durante los 20 años transcurridos desde la presentación del proyecto de penetración del gas en Canarias. Y es que no nos están diciendo la verdad. No puede haber documento que lo justifique porque producir energía con gas en nuestro archipiélago nos cuesta unos 190 euros el MW/h mientras con las renovables es de unos 80 euros el MW/h y no puede haber un compromiso de compra del gas producido porque sería de tontos comprometerse a comprar el gas de por vida cuando cada vez es más barata y mayor la producción de renovable. Gas Natural lo ha visto más claro y ha retirado los fondos destinados a comenzar las obras.

Es lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años. Es lo que venimos afirmando los que apostamos por otro modelo energético. Pero el gobierno se mantiene en sus trece. Insistirán en el gas como elemento de transición aunque después tengamos que cubrir entre todos los costes del despropósito. Como está pasando en el sistema peninsular: Gas Natural ha presentado una demanda contra el Estado español en la Audiencia Nacional reclamando nada más y nada menos que 400 millones de euros por responsabilidad patrimonial a causa, dicen, del impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la paralización de sus centrales térmicas de gas desde el año 2009 debido a que se sobreincentivó a las renovables . Es algo parecido a lo que hizo Iberdrola cuando se le impidió que cerrara la planta de Arcos de la Frontera que pidió entonces una indemnización de 900 millones. O lo que ha sucedido con Castor, el cementerio de gas de Castellón, que fue paralizado al provocar 500 seísmos y por el que estamos pagando a Florentino Pérez 1.700 millones de euros. O lo que está sucediendo con las autopistas de peaje. Y es que los beneficios son para unos pocos y las pérdidas se socializan.

La realidad es que las presiones de las petroleras y las grandes empresas de generación energética –hasta que consigan hacerse con el mercado de las renovables, claro- no cejan en su intento de vendernos la idea de que el gas es un elemento de transición cuando en realidad lo que está haciendo es competir directamente con las energías limpias en el mundo, afortunadamente cada vez con menos éxito, a pesar de la complicidad de distintos gobiernos de turno. La lucha por seguir instalando plantas de regasificación, ciclos combinados y el resto de infraestructuras (redes, gaseoductos, depósitos, puertos, etc.) se recrudece en Europa, en España (con más virulencia) y nos lo pretenden introducir en Canarias con la misma dinámica, aún sabiendo que es imposible que se pueda después suspender su consumo mientras no se agoten los largos plazos de amortización de las inversiones.

Las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. Hoy superan los 25.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72%. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,… ). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10% de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas.

Y entonces, ¿por qué tanto interés por el gas? La realidad es que en torno a su implantación se han movido, desde siempre, intereses opacos. La creación de Gascan –empresa encargada de su introducción- insistía en profundizar inicialmente en el monopolio de Endesa en Canarias y en favorecer, a dedo, la participación en el negocio a los diez más importantes empresarios de Tenerife y Gran Canaria. Posteriormente se decidió que fuera Enagás la compañía que se hiciera con el proyecto negociando con los empresarios y Endesa su salida. La gasista transportadora española por excelencia se encuentra en estos momentos, casualmente, controlada por los partidos políticos más influyentes. De los quince miembros de su consejo de administración nueve son y han sido militantes y cargos públicos significados de estos partidos políticos. El presidente, Antonio Llardén, fue subsecretario de Obras Públicas con el ministro socialista Josep Borrell y Ramón Pérez Simarro, miembro también largo tiempo, ha sido exdirector general de Energía, exsecretario general de Energía y exsecretario general técnico de Industria con el PSOE. Fue, paradójicamente, el encargado en su día de negociar el suministro de gas a España para los ciclos combinados a instalar. Los siete restantes pertenecen al PP: Marcelino Oreja (hijo), exdiputado europeo, es el consejero delegado; Antonio Hernández Mancha, exsecretario general del partido; Ana Palacio, exministra; Isabel Tocino, exministra; Gonzalo Solana, expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Luis Valero, exsecretario general del ministerio de Industria, Energía y Turismo y R osa Rodríguez, exviceconsejera del Gobierno canario y exvicepresidenta del Cabildo grancanario … Y han transitado otros por ahí como José Luis Olivas, mano derecha de Zaplana y detenido por corrupción o José Manuel Fernández Norniella, relacionado con la financiación ilegal del PP en Madrid. Es, por cierto, más o menos parecido a lo que pasa en las otras eléctricas del oligopolio energético de este país.

El trasfondo es muy poco transparente. Oscuro. Roberto Centeno habla claramente de la corrupción política del gas. En los últimos años se han invertido en la construcción de instalaciones de regasificación y de ciclos combinados más de 25.000 millones de euros. Se han beneficiado de primas para incentivar las inversiones y para garantizar la continuidad del suministro, con cargo a la factura de la luz, (mientras pagaban campañas mediáticas para denunciar torticeramente las primas a las renovables), pero apenas están funcionando en estos momentos en torno a un 10% o un 15% de su capacidad. La gran burbuja del gas se inicia en la época de Felipe González y avanza a piñón fijo durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy . Las inversiones y las plantas e infraestructuras construidas o por instalar en España es tres veces superior a la necesaria y España tiene en estos momentos una tercera parte de la capacidad de regasificación de toda Europa. En fin, la cosa tiene más enjundia y seguiré hablando de ello la próxima semana.

Insisto, lo he escrito otras veces. Tenemos que hacer posible otra política energética. Tenemos que obligar a que se implante un nuevo modelo energético. En Canarias es factible y necesario. Solo hay que ponerse. Haciendo lo que nos corresponde y exigiéndolo a los gobiernos de turno. De la mano de la ciudadanía, como con el petróleo. Porque dependemos en un 92% del exterior y de lugares inseguros; porque tenemos recursos naturales suficientes; porque nos sale muchísimo más barato producir energía con renovables que con fósiles; porque nos amenaza el cambio climático… Y no es tan difícil. Solo hay que aplicarse a trabajar -con firmeza, sin circunloquios y sin condicionantes externos- por la eficiencia y el ahorro, por favorecer el autoconsumo en los comercios, industrias y hogares, por despejar todos los obstáculos que atenazan a la energía eólica, por implantar millones de metros cuadrados de fotovoltaicas en edificios públicos e industriales, por potenciar la geotermia como energía limpia e inagotable, por forjar un mix de biomasa endógena, aerotermia, energía mareomotriz… , por sustituir las grandes centrales térmicas por plantas de generación más cercanas y permeables, por favorecer la implantación de las hidroeléctricas donde fuera necesario, por establecer industrias, por fomentar la I+D+i, por crear miles de empleos verdes alrededor de las energías limpias… Ese y no otro es el camino a transitar.