España mantiene su petición a la ONU de consolidar sus derechos sobre el telurio de Canarias

El documento del Gobierno lo firma la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que se lo ha remitido al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien ha leído el documento en el pleno del Parlamento de Canarias.

"El Gobierno de Canarias tenía que haber sido informado, no es de recibo que no tuviéramos información anterior por parte del Gobierno central", ha indicado Fernando Clavijo, quien ha exigido transparencia para evitar circunstancias que pueden alarmar a la población.

El presidente canario ha informado en el Parlamento regional sobre este yacimiento, desvelado por ABC la semana pasada . En tierra, a juicio de los expertos del Ministerio de Economía, uno de cada cien estudios de indicios se transforma en una mina , en el fondo marino la complicación técnica es mucho mayor.

De acuerdo con este texto, el monte submarino investigado está situado más allá de las actuales 200 millas náuticas. Pero está en el limite exterior de la ampliación de la Plataforma Continental de España al Oeste de las Islas Canarias presentada ante la ONU en agosto de 2015 por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Hasta que no esté resuelta esta solicitud, agrega el documento, ningún país puede reclamar el uso de los fondos marinos de esa área de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar.

El diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, quien ha preguntado al presidente por el hallazgo de telurio y otros metales en el suroeste del archipiélago , ha reclamado que la información disponible llegue a las autoridades locales y a la opinión pública.

En su opinión, sería deseable que el Gobierno central "no volviera a olvidarse de nosotros " y no reprodujera el mismo comportamiento que mantuvo con las prospecciones escudándose que era competencia estatal. Según Rodríguez, este caso tiene similitudes con las prospecciones en relación al derecho de información de los ciudadanos y autoridades.