El principio de la debacle de la Caja

Debemos remontarnos pues a la asamblea de fecha 25 de junio de 1999. En ella se cesó al director general, hasta entonces, Juan Francisco García González. Este hecho no tendría más trascendencia que el cese de un importante ejecutivo de la entidad. El problema surge al preguntarse por qué se produce este cese, si el mismo fue motivado por elementos objetivos que aconsejaran tal medida o, si por el contrario, existieron intereses subjetivos que justificaran tal acción. Desgraciadamente, sucedió esto último.

Un partido político, en aquellos momentos, Coalición Canaria, hoy desgajada por sus dirigentes en dos, Coalición y Nueva Canarias, estaba interesado, en que el director general no siguiese siendo García. Podría explicar, según mi entender y mis conocimientos sobre la Caja, qué datos —sobre todo objetivos— impulsaban a aquel partido a promover su cese.

No es ese, sin embargo, el objeto de mi artículo, por muy interesante que pudiera ser, sino cuáles fueron las consecuencias de tamaño disparate, una acción ejecutada sin planificación ni medición alguna de los efectos que podría causar.

Seguramente se me quedará atrás algún responsable, pero los que dirigieron, participando o no en aquella asamblea, actuando en nombre de la representación que ostentaba Coalición Canaria, fueron José Carlos Mauricio, Carmelo Ramírez, Luis Hernández, Román Rodríguez y Julio Bonis. Naturalmente, también participaron, con una responsable omisión, los demás partidos políticos que estaban representados en aquella asamblea.

Como consecuencia del triunfo del cese, se nombra presidente de la entidad a Ángel Luis Sánchez Bolaños, el cual permanece en el cargo, seguramente por su exitosa gestión, aproximadamente año y medio.

Estos señores políticos, dieron instrucciones al Sr. Bolaños para que descabezara al equipo directivo de la Caja, que durante tantos años habían servido con eficacia los intereses de la misma, incluso alguno de ellos antes de la llegada del Sr. García. Deben conocer Uds. que a este equipo directivo se les privó de toda clase de autoridad y poderes y algunos de ellos se les dejó sin tareas, lo que motivó alguna que otra depresión que tuvo que ser tratada.

Cabe destacar de la acertada gestión del Sr. Bolaños la concesión de un crédito de 4.507.000 euros a la empresa Sintel, que como principal justificación para la solicitud del préstamo, aporta una carta promesa de concesión de concurso de obra para instalar el sistema de telefonía y televisión en el Hospital General de Canarias doctor Negrín. Si conceder un crédito de esa cuantía, con una simple promesa de concesión fue una osadía, todavía fue más flagrante entregar a la concesionaria la totalidad del crédito, sin que mediaran las correspondientes certificaciones de haberse realizado la obra, que es el ABC de este tipo de operaciones. Para mayor daño causado a la entidad, esta compañía entra en suspensión de pagos, perdiendo la Caja el importe entregado, y quedando el Hospital de Gran Canaria sin telecomunicaciones. Por cierto, la carta promesa fue firmada por el Sr. Bonis, otrora consejero del Gobierno de Canarias.

Con Juan Francisco García y su equipo directivo, esta operación, tengan Uds. la completa seguridad, no se hubiera producido, y mucho menos entregando el dinero sin las correspondientes certificaciones, pues por razones de mi trabajo profesional conocía la rigurosidad de actuación del Sr. García. ¿Se van dando cuenta cuáles eran los intereses de cesarlo?

Ante el fracaso del Sr. Angel Luis Bolaños, a estos dirigentes no se les ocurre otra cosa que poner al frente de la entidad a dos universitarios, magníficas personas, pero con poca experiencia empresarial, y mucho menos de la compleja actividad financiera. El objetivo estaba claro desde el principio, dirigir los destinos de la Caja, a sus intereses tanto políticos como particulares. No se debe olvidar que el Sr. Román Rodríguez es el vicepresidente de la Caja. A partir de estos lamentables hechos, los errores de esta dirección sujeta al dirigismo político dan como resultado la desaparición de la entidad. Lamentable.

José Luis Cárdenes Armas es auditor, censor jurado de cuentas