Editorial

Aviso europeo a Conde-Pumpido

La Comisión retira el velo al fraude de la amnistía y reconoce en la ley de Sánchez y sus socios la ausencia de cualquier objetivo de interés general admitido por la UE

10/06/2025
Actualizado a las 19:30h.

Bruselas ya ha emitido su primera opinión sobre la ley de Amnistía y sus valoraciones deberían provocar un cierto sonrojo en el Gobierno, particularmente en su ministro de Justicia, Félix Bolaños. Se trata del informe que la Comisión Europea ha remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el procedimiento por la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas español. No es discutible que se trata de una opinión no vinculante para el TJUE, obviedad en la que se ha refugiado el Gobierno para esquivar los reveses que le propina la Comisión por una norma que no resiste el más mínimo examen a la luz de la legislación y los principios comunitarios.

No es tampoco una mera opinión política que se sume a un debate de argumentos relativos: es un informe en el que la Comisión Europea contrasta la ley de Amnistía con los principios esenciales de la Unión, como el Estado de derecho, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la igualdad, la separación de poderes, la confianza legítima y la primacía del derecho comunitario. Y el resultado es un dictamen implacable y demoledor para una norma pactada por Pedro Sánchez con los amnistiados, una crítica desde el corazón mismo de los valores fundacionales de la Unión Europea a una ley tramposa y partidista, cuya única finalidad era, como dice el documento, beneficiar con la impunidad a los socios del presidente del Gobierno para que este lograra su investidura. Con precisión exquisita, la Comisión retira el velo al fraude de la amnistía y reconoce en la ley de Sánchez y sus socios el rostro de la 'autoamnistía' y la ausencia de cualquier objetivo de interés general admitido por la Unión Europea. Recuerda, además, que los autores de esta ley ignoraron las prudentes recomendaciones de la Comisión de Venecia, que tachó el proyecto del Gobierno como causante de una «división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española».

Hay algo más en este dictamen que trasciende la crítica inapelable al Ejecutivo de Pedro Sánchez: un emplazamiento directo, aunque no explícito, al Tribunal Constitucional y, más en concreto, a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, quien ha querido planificar las decisiones del órgano que preside como un estratagema contra la Sala Segunda del Tribunal Supremo, objetivo de su mandato presidencial. Desde este martes, y por obra del informe de la Comisión Europea, Conde-Pumpido ya no se enfrenta al Supremo, sino a Bruselas. Entiéndalo así el presidente del TC. La opinión del Ejecutivo comunitario –en efecto, no vinculante para el TJUE– es fruto de un consenso político y jurídico muy crítico con la ley de Amnistía, que desmonta la ponencia –obsequiosa y complaciente con la medida de gracia de Sánchez– de la magistrada Inmaculada Montalbán. Precisamente, lo que repugna a los valores de la Unión Europea son los motivos políticos espurios de la ley; esos mismo motivos que Montalbán y Conde-Pumpido rechazan como relevantes para sentenciar la inconstitucionalidad de la ley. El descrédito de la ponencia de estos magistrados es insalvable, pero no las consecuencias de sus decisiones, porque el informe de la Comisión reitera en varias ocasiones la obligación de todo tribunal nacional de no aplicar normas ni prácticas nacionales –lo que incluye sentencias constitucionales– que cuestionen la primacía del derecho de la UE. Un serio aviso europeo a Conde-Pumpido.