Bolaños incumplió la ley al no darse de baja como abogado en ejercicio tras acceder al Gobierno

El acuerdo al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, fue adoptado por unanimidad de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía el pasado 21 de octubre. La resolución, a la que el propio ministro pudo presentar alegaciones durante el proceso del expediente, declara la incompatibilidad del cargo de ministro con el ejercicio de la abogacía. Como consecuencia se ordena el pase automático de Félix Bolaños a la condición de colegiado no ejerciente.

La medida del ICAM se produce tras la incoación de un expediente de oficio a raíz de una denuncia presentada en febrero de este año. En ella se pedía al Colegio de la Abogacía madrileño que verificara si Bolaños cumplía con las normas de incompatibilidad establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE).

El ministro, colegiado ejerciente desde 1999, con el número 64.936, no había solicitado su baja ni comunicado cambio alguno en su situación profesional desde que fue nombrado ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mediante el Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre.

El dirigente socialista, en las alegaciones que presentó al expediente informativo abierto por el ICAM, alegó que su colegiación ejerciente respondía a motivos formales relacionados con su antiguo cargo en el Banco de España.

En su escrito a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Bolaños aseguró que desde su entrada en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha desempeñado actividad privada alguna. Según su versión, la mera condición de colegiado ejerciente no implica necesariamente el ejercicio material de la profesión. El órgano de dirección del ICAM no opina lo mismo.

En la resolución, firmada por el secretario del Colegio, José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, se señala que la condición de ministro constituye una causa de incompatibilidad absoluta con la de estar en ejercicio. En su argumentación para dar de baja al titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, se remiten al artículo 18 del EGAE y a la Ley 50/1997 del Gobierno, que prohíbe expresamente a los miembros del Ejecutivo realizar cualquier otra actividad profesional o mercantil.

El documento de cinco páginas con el que se da de baja formalmente del ejercicio de la abogacía al ministro, sostiene que «la colegiación ejerciente es el presupuesto habilitante del ejercicio de la abogacía». En este sentido el acuerdo recuerda que «ante la pasividad del interesado, procede su pase a la condición de no ejerciente«.

La decisión del Colegio de la Abogacía de Madrid sobre Bolaños no implica sanción disciplinaria alguna hacia el ministro, ya que según se recoge en el escrito no aprecia dolo ni intencionalidad en la conducta del político.

En este sentido, sostiene la Junta Directiva del ICAM, no se trata de un incumplimiento deliberado, sino de una omisión administrativa motivada por la falta de comunicación. «No cabe responsabilidad objetiva por el mero hecho de una actuación irregular», precisa el documento, «sino únicamente cuando existe culpa o dolo».

La institución colegial también descarta trasladar el caso a la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno, al considerar que el organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ya había sido informado por el propio Bolaños de su situación y de las alegaciones presentadas.