El bloque progresista del CGPJ rechaza aprobar una declaración en defensa de la independencia judicial

Según informaron a ABC en fuentes del órgano, los vocales a propuesta del PP habían solicitado incluir en el orden del día del pleno extraordinario que este lunes se hacía cargo de trámites urgentes como licencias por estudios o sustituciones por maternidad, el debate de una propuesta de resolución conjunta para fijar posición. Sin embargo, no han recibido los apoyos suficientes de entre los diez vocales propuestos por los socialistas. Fuentes de este grupo señalan a ABC que estando el Consejo sin presidencia, el Pleno no tiene competencias para aprobar este tipo de resoluciones no tratándose de una cuestión, dicen, «de urgencia».

La iniciativa pretendía que el Pleno respondiese a las «declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación» que a ojos de los vocales, «exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las criticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al efecto».

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«Afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que 'no hay por donde cogerla', y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que 'lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley' a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, junto con el resto de descalificaciones vertidas ante los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos», decía la resolución, a la que tuvo acceso ABC.

Fue el ministro de Transportes Óscar Puente quien se expresó de ese modo hace unos días, cuando al hilo de la nueva fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont, dijo que los jueces «no pueden extralimitarse» en la aplicación de las leyes, dando a entender que el Supremo lo estaba haciendo al negar al prófugo la amnistía de los delitos de malversación. Dijo, además, que su interpretación de ese ilícito «no hay por dónde agarrarla».

El texto expresa que «con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia» y expresaba el «más firme rechazo» de las mismas, de manera que el Pleno hacía un «llamamiento» a «la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general». Solicita, a renglón seguido, a los responsables de ese tipo de afirmaciones que «cesen» en las mismas porque «podrían afectar a la previsión contenida» en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que impone respeto por el estado de Derechos.

«No hay democracia ni Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente grave las referidas manifestaciones no sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, también, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este órgano vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024», decía la propuesta de resolución, que no verá la luz por decisión de la mitad del Pleno.