Puigdemont denuncia a Llarena ante el CGPJ por «desatender» sus recursos sobre la amnistía

La denuncia, a la que tuvo acceso ABC, la firma el letrado Gonzalo Boye y se centra en la falta de resolución de los recursos de reforma que presentó contra la no aplicación de la ley de Amnistía a la malversación imputable en el contexto del procés, una decisión que adoptó Llarena el pasado 1 de julio y que sustentó que el día 3, se recordase a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la vigencia de una orden de detención contra Puigdemont en territorio nacional.

El escrito señala, por un lado, que los recursos se plantearon los días 8 y 9 de julio y hasta el día 22 no se dio traslado a las partes, pero también que habiendo suspendido Llarena sus vacaciones el 7 de agosto para ocuparse de la detención de Puigdemont en su anunciada vuelta a Barcelona y habiendo dictado el 9 de agosto providencias reclamando a los Mossos y el Ministerio del Interior explicaciones sobre su «fracaso» al interceptarle, los recursos seguían sin resolver.

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Para Boye, esta circunstancia, «además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal», especialmente cuando las partes habían presentado «dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma».

«El Excmo. Magistrado Instructor ha incumplido reiteradamente el plazo legal previsto expresamente en el artículo 222, tercer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la resolución de los recursos de reforma en la causa especial», dice el escrito, para subrayar que esos recursos «debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024».

Considera que los hechos serían «indudablemente constitutivos de infracción disciplinaria» porque además, son «reiterados», en una nueva ofensiva contra Llarena, al que ha intentado apartar ya en diversas ocasiones, por la necesidad de Puigdemont de agotar la vía interna de recursos en el Tribunal Supremo contra la denegación de la amnistía para poder llegar así al Tribunal Constitucional, en la creencia de que enmendará la decisión y borrará los cargos que pesan contra el prófugo.