El bloque conservador del CGPJ busca anticiparse a la reforma que Moncloa cree imparable

No obstante, podrían no conseguirlo. Para que salga adelante es necesario un acuerdo entre el bloque conservador y progresista, que tendrían que haber nombrado a sus candidatos el pasado 13 de septiembre y en estos meses ha resultado imposible. Desde entonces, el bloque conservador ha ido demorando la selección de los aspirantes por unas razones o por otras. A esto se suma la intención del bloque progresista de esperar a que entre en vigor el cambio. Así que todo, de nuevo, está en el aire.

Fuentes de Moncloa aseguran a ABC que la reforma seguirá adelante pase lo que pase pues está pensada para que la Constitución se cumpla «ahora y en el futuro». Si algo celebran desde el Gobierno es que la presentación de las enmiendas haya logrado, al menos, adelantar el pleno, en principio previsto para el próximo 22 de diciembre. «Los mismos que hasta hoy decían que les era imposible reunirse antes, los que llevan 6 meses sin haber dado ni un solo nombre para magistrado conservador, ahora les ha entrado la prisa», reprochan. «Nunca una enmienda fue tan efectiva».

Porque este movimiento del Ejecutivo ha despertado muchas reacciones, además de malestar entre los conservadores del CGPJ. Tachan la iniciativa de «jugada inesperada» e «ingeniería legal» para «seguir desconstitucionalizando» el Poder Judicial. Consideran que la intentona del Gobierno que reduciría el estándar a mayoría simple prescindiendo de sus votos es una «injerencia demoledora». «Esto es traspasar todo tipo de límites», apunta una de las fuentes consultadas.

El texto del Gobierno lleva asimismo una advertencia: la posibilidad de incurrir en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal» en caso de que los vocales del CGPJ que deben acometer esas votaciones no las lleven a cabo en tiempo y forma. «¿Qué pasa cuando un diputado no vota? ¿También hay reprimenda?», se preguntan desde el bloque conservador.

En el bloque progresista del CGPJ la percepción, obviamente, está en las antípodas. «Si hay un bloqueo institucional, el Parlamento sólo puede responder de una manera: ejerciendo su función legislativa». Defienden que está «plenamente legitimado». «La vergüenza es que nadie haga nada para desbloquear», defienden.

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En el TC, mientras, magistrados de los considerados conservadores comentan a ABC que la propuesta de reforma puede ser inconstitucional. «La Constitución y la ley orgánica no contemplan la renovación por sextos», recuerdan. Aventuran así que podría no tener encaje. «Aunque cambies la ley, la Constitución dice lo que dice». Aprecian una «situación difícil», en la que «se tensiona y se pone en peligro a las instituciones».

En el bloque opuesto del tribunal de garantías, no obstante, entienden que el sistema constitucional debe disponer de medios para evitar el «doble boicot» que «estaba amenazando con bloquear indefinidamente la renovación del Tribunal Constitucional», como ya está bloqueada la renovación del CGPJ desde hace más de cuatro años. Sobre la supresión del 'placet', el trámite de verificación que el TC hace de los candidatos propuestos defienden que «no tiene sentido porque participan en él varios magistrados que tienen interés directo en el sentido de la decisión, ya que pueden demorar o impedir la toma de posesión de los magistrados que les tienen que sustituir, como está sucediendo en este momento».

«Esto es retorcer la ley, una absoluta barbaridad, un ir a por todas sin mirar las consecuencias», comenta la portavoz de la APM, María Jesús Del Barco. En su opinión, las mayorías de tres quintos que rigen ahora se establecieron para «evitar que se rompa el equilibrio de pesos y contrapesos que garantiza la estabilidad del sistema democrático». «El espíritu de la Constitución era conseguir esa estabilidad para órganos que son sistémicos que ahora se rompe», afirma.

Para Del Barco, es «hacer trampas al solitario» porque «desde luego que debe acometerse la renovación del CGPJ y del TC, pero ese incumplimiento de los plazos no se puede responder alterando el espíritu de la Constitución». Considera que «es una desvergüenza» y lo interpreta como un avance de lo que acabará pasando con el propio Consejo, «porque aquí parece que no hay límites», señala.

Por su parte, el portavoz de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, expresa «preocupación». «No es la primera vez que el Gobierno modifica la Ley del Poder Judicial en función de qué es lo que interese en cada momento y esto ya de por sí, es malo, pero lo que demuestra es que no tiene ningún límite a la hora de tratar de alcanzar su objetivo».

«El problema que tiene el gobierno es que le interesa políticamente que se proceda al nombramiento del TC, que obviamente debería estar hecho porque el problema viene de que el CGPJ no cumple con su obligación, pero eso no puede justificar que el gobierno pase por encima de todo el sistema de contrapesos (...) Es utilizar la legislación a conveniencia sobre órganos constitucionales», plantea.

Ambas organizaciones recuerdan que esta constituiría la cuarta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ejecuta desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa sin tocar el único aspecto que ha suscitado recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y el Consejo: el sistema de nombramiento de los jueces.

Desde la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, en cambio, aseguran a ABC que aunque las reformas exprés no les gustan, «estamos ante una situación de anormalidad democrática» que hace «prioritario restablecer las instituciones y renovar el CGPJ y el TC». «Ese incumplimiento obliga a tomar medidas extraordinarias porque la situación es insostenible», sostienen.