Una auditoría destapa «la falta de control» en las ayudas sociales concedidas por el Gobierno de Armengol

La consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado los datos de la auditoría y las medidas correctoras emprendidas para «restablecer la transparencia, la seguridad jurídica y la eficacia» de esta prestación económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad. «Nos encontramos con una prestación desbordada y caótica, con miles de expedientes suspendidos sin revisar ni notificar», ha denunciado Fernández.

La revisión del Govern ha permitido constatar que el Ejecutivo anterior suspendió sin aviso más de 6.300 expedientes: 2.300 pertenecientes a la Resoga 16 —regida por la Ley 5/2016— y unos 4.000 vinculados a la Resoga 20, creada por el Decreto-ley 10/2020. Estas suspensiones se realizaron mediante cruces informáticos automáticos, sin supervisión humana ni comprobación de cada caso.

En junio de 2023 se produjeron además dos nuevas suspensiones colectivas, algunas de ellas sobre expedientes duplicados o de beneficiarios que ya no percibían la ayuda. El resultado, según el Govern, fue un «importante descontrol administrativo» que dejó a cientos de familias sin información y con pagos en el limbo.

Desde enero de 2024, la consejería ha revisado la totalidad de los expedientes de la Resoga 16 y más de 900 de la Resoga 20, detectando cobros indebidos y situaciones irregulares no detectadas durante años. Solo en la primera fase se han reclamado 211.940 euros de 667 expedientes de la Resoga 16 y entre 1,6 y 2,4 millones de euros adicionales de los casos revisados de la Resoga 20. Para garantizar la regularización, el departamento ha duplicado su equipo técnico, que ha pasado de 20 a 47 profesionales dedicados en exclusiva a esta tarea. Además, se han creado cinco nuevas plazas estructurales y se ha licitado un contrato externo de apoyo para completar la revisión antes de 2026.

Fernández ha subrayado que el objetivo es «garantizar una gestión más justa, transparente y eficiente», y evitar que «se repitan los errores administrativos del pasado».

La Renta Social Garantizada fue una de las medidas emblemáticas del Govern de Armengol y se presentó en 2016 como la gran herramienta del Pacte de izquierdas para combatir la pobreza severa. Sin embargo, los resultados de la auditoría confirman que la falta de control derivó en pagos a personas que estaban trabajabando y, por lo tanto, ya tenían una fuente de ingresos, o que, directamente, no cumplían los requisitos, lo que ha abierto un nuevo frente político entre el actual Govern y la oposición.

La cuestión ha centrado buena parte del debate parlamentario de este martes. Desde Més per Mallorca, formación a la que pertenecía la entonces consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, se ha restado importancia a las irregularidades, enmarcándolas dentro de la «gestión normal» de las ayudas sociales. Su portavoz Lluís Apesteguia ha argumentado que «las ayudas sociales no pueden esperar a que se cumplan todos los procedimientos administrativos muchas veces».

La presidenta Marga Prohens le ha respondido con dureza. «¿Por qué encuentra normal defraudar más de un millón de euros al Govern? ¿Por qué lo defiende? ¿Por incapacidad de gestión o por connivencia con quienes defraudan?». Prohens ha acusado al anterior Ejecutivo de «dejar abandonadas a personas que necesitaban ayuda social para mirar hacia otro lado ante quienes se aprovechaban del sistema».

El actual Govern defiende que la auditoría y la revisión integral suponen «un paso imprescindible para recuperar la confianza» en una prestación social que, según la consejera Fernández, «nació con buena voluntad, pero acabó convertida en un ejemplo de descontrol administrativo».