El fiscal pide a Munar 32.000 euros de fianza por el «caso Can Domenge»

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita seis años de cárcel y una fianza por responsabilidad civil de 32.000 euros para la ex presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar (UM), así como para el ex vicepresidente del Consejo, Miquel Nadal; el ex consejero de Economía, Miquel Àngel Flaquer, y el ex consejero de Territorio, Bartomeu Vicens, todos ellos también antiguos dirigentes de UM. Este partido se disolvió hace un mes y se refundó como Convergencia por las Islas, para intentar romper de manera definitiva con un pasado inmediato ligado a diversos casos de presunta corrupción.

El Ministerio Público solicita, además, 32.000 euros de fianza para el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, y dos años de cárcel, mientras que pide 182.000 euros y 18 meses de prisión para el abogado Santiago Fiol. Por su parte, el pasado martes el Consejo de Mallorca, personado como acusación particular en este caso, solicitó nueve años de cárcel para los cuatro ex dirigentes de UM ya citados.

El Consejo de Mallorca se decantó en 2006 por la oferta de 30 millones de euros que presentó por Can Domenge la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa y Ferrà Tur, en lugar de escoger la oferta de 60 millones de Núñez y Navarro, promotora que en 2007 presentó una querella por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de ese solar. Hace dos años, el Consejo de Mallorca, que ahora preside la socialista Francina Armengol, anuló la validez del concurso a través del cual tuvo lugar dicha adjudicación.

La Fiscalía había presentado su escrito de acusación a la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ya el pasado lunes. En dicho escrito, que es el paso previo a la apertura de juicio oral, el Ministerio Público solicitaba seis años de cárcel para los cuatro ex dirigentes citados —tres años menos de los que pide el Consejo de Mallorca— al considerarles autores de los presuntos delitos de fraude a la Administración, revelación de secretos y prevaricación, ya que las condiciones fijadas en el concurso convocado para vender Can Domenge habrían sido un «traje a medida» para que dicho concurso fuese ganado por la citada UTE. A estos supuestos delitos, la acusación particular ha añadido ahora además el de malversación de fondos públicos.

Años de tramitación

Munar ya prestó declaración por este caso el 16 de noviembre de 2009 ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), dada su condición de aforada en aquel momento. Entonces era la presidenta del Parlamento balear, cargo del que dimitió en febrero de 2010, tras haberla implicado Nadal en otro caso que está también en los tribunales, el llamado «caso Maquillaje», por el que Munar se encuentra en libertad bajo fianza de 350.000 euros. La también ex presidenta de UM abandonó además la política hace justo un año y en la actualidad está recibiendo tratamiento médico aquejada de una grave enfermedad.

En cuanto a la resolución política y económica del «caso Can Domenge», en marzo del año pasado Armengol dio a conocer que las constructoras Sacresa y Ferrà Tur habían aceptado la oferta de acuerdo que les hizo la institución insular, según la cual los terrenos de Can Domenge volverían a ser propiedad del Consejo de Mallorca a cambio de que ambas empresas recibieran los 30 millones de euros que pagaron en 2006 por la adquisición de dichos terrenos. La viabilidad de ese acuerdo se vio afectada, no obstante, meses después, con el concurso de acreedores presentado el pasado mes de junio por Sacresa. Por su parte, la Fiscalía pide la anulación del expediente de enajenación del mencionado solar y que sea devuelto al Consejo de Mallorca.