La ausencia de una regulación sobre lobbies abre la puerta a otro caso Montoro

El hartazgo es hondo en un sector que ejerce como puente entre las demandas del sector privado y los procesos en la toma de decisiones del sector público, y que lleva pidiendo muchos años una ley y un registro como el que opera en el Parlamento Europeo desde 2011. España llega muy tarde a su legislación nacional bajo la que sí se rigen, desde hace mucho, los eurodiputados de los mismos partidos representados en el Congreso. El Gobierno cifra en aproximadamente 38.000 personas las que se dedican al lobby pero no hay cifras oficiales ni posibilidad de que se concreten. Tampoco se conocen los números de facturación.

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La reflexión se repite en el sector, como explica a ABC Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI): «Estos casos se detectarían mucho antes si hubiera una legislación que sigue esperando en el cajón. Si la tuviéramos, sabríamos quién habla con quién y para qué. Y el registro obligaría a cumplir unas normas, que si no cumples te expulsan y no puedes ejercerlo más ni reunirte con la Administración Pública».

Distintos profesionales del sector recalcan a este periódico que existe un «desconocimiento enorme» acerca de la actividad que ejercen los grupos de interés y señalan las «agendas clientelares» que durante muchos años dominaron los contactos de las empresas con el poder público, en función de las redes de amigos que existían, de las sintonías en cada momento o de quién conocía más a quién. Eso, repiten, es lo que se debe extirpar por completo con una regulación.

El despacho Equipo Económico vivió su época de mayor auge en el último Gobierno de Mariano Rajoy y hoy es la consultora Acento la que domina el panorama de los lobbies en España. La firma fue fundada por el exministro socialista José Blanco y por Antonio Hernando, exportavoz en el Congreso y hoy secretario de Estado de Comunicaciones. Entre sus activos hay muchos nombres vinculados con el PSOE y también algunos con el PP.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a aprobar una ley de transparencia y la regulación de la actividad de los grupos de interés tras sus cinco días de reflexión hace más de un año. El compromiso, que formaba parte de un decálogo en aras de contribuir a la regeneración, lo repitió hace apenas dos semanas en el Parlamento, cuando compareció forzado por sus socios para hablar de la trama de corrupción del PSOE y Santos Cerdán. Pero la ley sigue esperando con una nueva promesa temporal: retomarla a la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

En este momento está en tramitación parlamentaria el proyecto de ley impulsado por el ministro Óscar López, que incluye la obligación de que las reuniones y las propuestas que reciben los diputados sean públicas. La norma propone que la empresa o asociación que no esté inscrita en el registro de lobbies no pueda mantener reuniones con los representantes públicos. Se aprobó en Consejo de Ministros y solo contó con una enmienda a la totalidad, la de Vox, que se rechazó en el mes de febrero. Ahora sigue abierto el periodo de enmiendas parciales y muchos grupos se inclinan por endurecer las incompatibilidades para empleados públicos, poniendo el foco en las puertas giratorias. Pero no ha vuelto a haber avances en todos estos meses.

Ha habido muchos intentos previos. En 2008 y 2012 se gestó la creación de un registro gestionado por el propio Congreso para regular la actividad de los parlamentarios. En 2014 hubo otra propuesta similar del PP y en 2017 fue Ciudadanos- partido del que dependía el Gobierno de Rajoy en aquella etapa- el que promovió otra proposición de ley que volvió a quedar en papel mojado. El caso Montoro, dicen en el sector, termina con las excusas.