La asociación mayoritaria de jueces reprocha a sus compañeros haberse vendido a Justicia «por 30 monedas de plata»

«Estos 210 euros son las 30 monedas de plata», dice. Y es que la APM sostiene que el incremento del que se habla (440 y 450 euros por nómina) es irreal porque, calculándolo con la nómina de un juez de la última promoción, el importe total es neto será en realidad de 210,24 euros. 

La firma, prevista para mañana a la una de la tarde, contempla una actualización retributiva de 46,7 millones y la creación de grupos de trabajo para mantener activa la mesa de negociación con vistas a reclamaciones futuras, un aspecto que las asociaciones firmantes valoran especialmente porque implica que el diálogo con el ministerio va a continuar abierto.

«En el mes de septiembre de 2021, las cuatro asociaciones judiciales nos reunimos y asumimos el compromiso de trabajar juntas en aquellas cuestiones que nos permitieran alcanzar mejoras para toda la carrera judicial en diferentes áreas: en políticas de igualdad y conciliación, en la situación profesional de los jueces jóvenes, en nuestra jubilación y, por lo que aquí interesa, en materia retributiva«, explica la APM en un duro comunicado. Recuerda que igual que todos cifraron la pérdida de su poder adquisitivo desde el año 2003 en un 22 por ciento, también estaban de acuerdo en ir juntos a la huelga si Justicia no atendía a sus reivindicaciones.

«Afirmar ahora que se desconvoca una huelga por el riesgo evidente de que pueda utilizarse políticamente resulta, como poco, alarmante», dice. En este sentido recuerda que cuando las asociaciones decidieron hacer la convocatoria «ya sabíamos que las elecciones iban a ser el día que marca la ley, el 28 de mayo» y que ese no era un problema de los jueces y fiscales, sino del propio ministerio por convocar la mesa de retribuciones en el mes de mayo. A diferencia de las demás asociaciones

«Si la motivación de otras asociaciones para convocar la huelga o para no hacerlo fue política, tendrán que explicarlo; desde luego, no fueron las razones que llevaron a la APM a convocar una huelga indefinida«, critica la asociación que representa al 45% de los Jueces y Magistrados asociados y al 25% del total de la carrera.

Atribuye también el fiasco de la negociación a las filtraciones de los representantes de las asociaciones a la prensa porque Justicia supo prácticamente desde el principio de las negociaciones con qué cantidad se conformaban los convocantes para aceptar el acuerdo. De ahí que prácticamente no variara su oferta y estableciera ese tope de 46,7 millones. Critica las prisas del ministerio por cerrar el acuerdo cuando antes «sin esperar siquiera a que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial dé, en su caso, el visto bueno a la propuesta».

«Todos sabemos que el cierre de este acuerdo supone la renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido durante todos estos años, que ya no podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos lo que ahora renunciamos al aceptarse por algunos el 6,5%, es decir, la diferencia hasta el 22%, o sea, un 15,5%. Esta pérdida se trasladará también a las ulteriores actualizaciones del IPC y a todas las hipotéticas subidas futuras que se calculan sobre el total de nuestro salario. Y lo peor, no sabemos cuándo se producirá una nueva revisión de nuestras retribuciones y nos condenamos así durante mucho a tiempo a aceptar esta subida mínima«, señala.

A su juicio, la «raquítica» subida del 6,5% nos parece «indignante, humillante y un insulto». «No podemos firmar un acuerdo porque nos sintamos obligados o presionados a hacerlo; defender la independencia de los Jueces y Magistrados de este país supone también atender y reclamar su independencia económica», apostillan.

Las asociaciones de jueces que firmarán este martes el acuerdo con el Ministerio y que desconvocaron la huelga prevista para hoy consideran que era "la única salida razonable" y que lo contrario habría supuesto acudir a una huelga indefinida, de la que ya se había desmarcado la APM, y que habría sumido a la Administración de Justicia en un colapso aún mayor, por la reciente huelga de los letrados de la Administración de Justicia y la presente de funcionarios.

Desde Francisco de Vitoria, su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero, reconoce que la parte más insatisfactoria del acuerdo es la económica. "Las cantidades que se han puesto sobre la mesa para mejorar las retribuciones no llegan al punto que nosotros considerábamos deseable, pero constituyen una mejora después de más de una década sin que se produjera ningún aumento retributivo", dice.

A su juicio, el punto más importante, "que creo que cualquier persona con visión a medio plazo entenderá que es sustancial, consiste en el establecimiento de un calendario de trabajo y un marco estable de negociación de la mesa de retribuciones, que sigue abierta".