Jueces y fiscales desconvocan la huelga del 22M tras aceptar la oferta de 46,7 millones

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha pospuesto de nuevo su respuesta a Justicia, pues reconoce que no le gusta la oferta económica y "lo que no es económico" tampoco le convence. En cualquier caso tiene hasta el martes para sumarse a la suma de este acuerdo. La APM desconvocó la huelga del día 16 sin sumarse a la nueva fecha (el 22) que sí pusieron las otras cuatro asociaciones: Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales, Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Tanto Jueces para la Democracia como la Unión Progresista de Fiscales ya habían dado el visto bueno al acuerdo en el encuentro anterior y no estaba en sus planes, además, ir a la huelga.

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Nati Villanueva

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Aunque Justicia no ha incrementado un euro los 46,7 millones que ofreció a partir del segundo encuentro (unos 450 euros por nómina), sí se ha abierto a analizar las reivindicaciones de ambas carreras en reuniones periódicas de la mesa de negociación (salud laboral, cargas de trabajo, planta, guardias, retribuciones variables, cómputo de trienios, grupos de población, nuevos tribunales de instancia...). También a crear este año cien plazas más para ambos colectivos y otras cien el próximo año con el fin de paliar la sobrecarga de trabajo a la que jueces y fiscales se enfrentan.

El miércoles por la noche, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) avanzó que aunque iban a esta quinta reunión con «voluntad negociadora», la propuesta de Justicia es «insuficiente», «inasumible» e «idéntica» a la que puso sobre la mesa el pasado 8 de mayo. Por su parte, Jueces para la Democracia (JJpD) manifestaba ayer su intención de comunicar al ministerio que aceptan su propuesta con el respaldo del 80 por ciento de sus asociados. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ya se mostró a favor de aceptar la propuesta el martes, después de la cuarta reunión.

Tras concluir el encuentro de esta mañana, en pleno receso, la asociación judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, reconocía que el acuerdo (que tildaron más de «imposición» que de acuerdo propiamente dicho) no era «todo lo satisfactorio que nos habría gustado», pero "establece un punto de partida para futuras mejoras».

Esta asociación, además, no era muy partidaria de que se hiciera un uso político de esta huelga en pleno proceso electoral, como reconocen de forma explícita en un comunicado.

Apagado ya ese fuego, el otro frente que tiene abierto el ministerio ahora es el de los funcionarios de Justicia, que este jueves se han concentrado frente al Congreso de los Diputados y han hecho balance de su primer mes de movilizaciones, que han incluido catorce jornadas de paro total. Durante este tiempo se han suspendido medio millón de juicios y vistas en toda España y se han paralizado más de 30 millones de actuaciones judiciales.

Pese a ello, lamentan, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar «una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios», que supone el 93 por ciento de la plantilla de esta administración. Ante esta situación, «con un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados», las organizaciones integrantes del comité de huelga (CSIF, sindicato mayoritario en la Justicia; STAJ, CCOO y UGT) han decidido abandonar la mesa de negociación de servicios mínimos. Entienden que «la estrategia del ministerio es alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos, cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial«. Mantienen así su intención de seguir adelante con esa huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo.

Como ya ha informado ABC, los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto «complemento general del puesto», una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales.

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