La Asociación de Fiscales pide a la carrera que reaccione ante la imputación de García Ortiz: «¿Seguiremos mudos?»

La asociación pide a la carrera que reflexione, precisamente porque los fiscales saben que un auto autorizando una entrada y registro «no se dicta en el vacío». «Solicitamos de cada fiscal que medite sobre cómo nuestra institución aparece en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y no en la imagen lamentablemente evocadora de la presencia policial indagando la existencia de delitos en nuestra sede fundamental, sino de la mera presencia procesal del Ministerio Fiscal«.

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Asegura que no quieren explicaciones ni justificaciones ni de García Ortiz como persona ni en calidad de fiscal general. «Ya hemos pedido su dimisión y ya hemos transmitido la anomalía insólita a los estados europeos, a las instituciones de la Unión Europea y al Consejo de Europa«.

Ahora lo que piden es que la carrera fiscal busque «las difíciles respuestas a preguntas sencillas»: «¿qué fiscal interviene en las diligencias previas abiertas en el Tribunal Supremo?, ¿quién y cómo le designó?, ¿a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer?, ¿qué percepción puede tener el instructor (o la sociedad, o la carrera fiscal) de la institución que debe garantizar los principios de legalidad e imparcialidad cuando pueden concurrir en quien intervenga causas de abstención evidentes?, ¿es imaginable la intervención de la teniente fiscal del Tribunal Supremo cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?, ¿es admisible que ella o cualquier otro fiscal de sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio Fiscal General del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión?, ¿qué informe va a emitir el Fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta,¿seguiremos mudos, incluso en las conversaciones entre nosotros?«

«Le pedimos a la carrera mucho más -concluye-. La situación, anómala, requiere de nosotros reacción«.

En paralelo Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha invitado a reflexionar sobre la «proporcionalidad» de las medidas que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito de una instrucción penal. En este caso «se investiga si pudo haber un delito de revelación de secretos, es decir, un delito menos grave», lo que, a su juicio, obliga a una «fundamentación reforzada» conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Recordamos que en estos casos en que pueden verse involucrados derechos fundamentales ha de procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación«. Al tratarse de la investigación de un delito de revelación de secretos, y a la vista de la naturaleza de la medida adoptada, es fundamental que se preserve el resultado de la diligencia de investigación, evitando las filtraciones que tienen lugar en casos similares, advierte la asociación de jueces. «Lo contrario podría suponer que, para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado, se vulneren los derechos fundamentales de otras personas».