La Asociación de Diplomáticos Españoles explota contra Albares y reclama «criterios objetivos»
Exige que el ministro no aplique la arbitrariedad en los nombramientos de la carrera diplomática
Un artículo a favor del Rey provoca el cese del embajador en Croacia
Madrid
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Iniciar sesiónLa Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, donde le piden que tenga en cuenta los criterios de «transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad» a la hora de realizar sus nombramientos.
En ... el escrito de más de dos folios, al que tuvo acceso ABC, esta asociación -presidida por Alberto Virella Gomes y que representa a más de mil diplomáticos en ejercicio- traslada una opinión «ampliamente compartida» por sus miembros sobre las últimas designaciones del ministro, lo que les ha llevado a un «sentimiento de frustración personal y profesional» ante «la ausencia de valoración objetiva de sus méritos».
Desde la ADE recuerdan al ministro que el proceso de publicación de vacantes y de selección de candidatos «debe ser previsible y transparente, con cumplimiento de plazos predeterminados, y que debe considerar, conforme a criterios objetivos y no arbitrarios, las peticiones de los candidatos, priorizando a quienes presenten un perfil más adecuado para cada una de las vacantes».
Se quejan sobre algunas cuestiones que ABC lleva denunciando desde que Albares tomó posesión de su cargo en julio de 2021: que «el proceso de selección que se viene aplicando en estos últimos años está lastrado por la inexistencia de un Reglamento actualizado que lo regule detalladamente». En este sentido, refrescan al ministro que no cuentan «con normas precisas en vigor sobre clasificación de las categorías de las misiones diplomáticas, duración previsible del desempeño del puesto, méritos concretos a evaluar para cada una de ellas, relieve que se da al desempeño previo de puestos directivos en el Ministerio, procedimiento de consulta y participación de los principales responsables del Ministerio en el proceso de selección de candidatos, elaboración de ternas de candidatos, o la realización de entrevistas para su selección, entre otros aspectos».
El vacío que supone dentro del ministerio la inexistencia de este reglamento, favorece que Albares reserve puestos con asterisco de forma arbitraria en cualquier nuevo proceso del ministerio y que nombre a sus amigos y diplomáticos afines al PSOE. Y no solo eso, también que pueda ejecutar los ceses que considere, incluso cuando los embajadores no han cumplido ni cuatro años en su destino, como el que se conoció la semana pasada de Juan González-Barba, el jefe de misión en Croacia.
La última destitución ha sido la del embajador en Bélgica, Alberto Antón, un diplomático con una reputación intachable. Aunque atribuyen su cese al hecho de que el pasado 13 de enero pegó una cabezada durante la intervención de Albares en la IX Conferencia de Embajadores, lo cierto es que a su jefatura de misión le interesaba mandar a Nieves Blanco, la mujer del representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, protegido de Albares y su único compañero de promoción al que ha premiado. Tras este último movimiento, fuentes consultadas por ABC afirman que lo del ministro «ha llegado a un punto patológico» y que «sus cacizadas no tienen límite».
Y de los reglamentos a los hechos. Sin dar nombres, los diplomáticos mencionan varios casos que han vivido en los últimos tiempos, con los que cuestionan que Albares realice nombramientos con «criterios objetivos». Explican que en su carrera «tiene un significado de promoción profesional muy relevante ser nombrado, por ejemplo, subdirector general en el Ministerio». Estos nombramientos, según instan al ministro, «deberían realizarse tras varios años de buen servicio profesional y guiarse por los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad», al tratarse de «puestos que conllevan una responsabilidad y carga de trabajo muy significativas, un esfuerzo de especialización y disponibilidad exigente».
Estos nombramientos «deberían ser por la experiencia acumulada y tras una valoración objetiva del trabajo realizado, candidatos idóneos para proseguir su carrera sirviendo al Estado desde la responsabilidad de Embajador». «Lamentablemente, para un gran número de ellos, no sucede así año tras año», dicen. Es el caso de algunos subdirectores generales como Javier González San Juan (México, Centroamérica y Caribe), Julio Nava (Países Andino, con Venezuela entre sus competencias), José Luis González García, (África Subsahariana), Miguel García-Herráiz (Asuntos Institucionales de la UE), y Jorge Notivoli (director de la Oficina de Gibraltar), que han quedado fuera del reparto de embajadas, como informó 'El Confidencial Digital'. Y también de directores generales y subdirectores como Guillermo Escribano (Español en el Mundo), Carlos Medina (América del Norte) y Gabriel Cremades (Europa Oriental y Asia Central).
Sin entrar a valorar «la valía profesional de los candidatos seleccionados en la convocatoria de este año, cuya resolución no se publica formalmente» la ADE concluye la misiva recordando que «es muy importante que los funcionarios diplomáticos» desempeñen su trabajo «en un ambiente laboral que incentive, motive y favorezca» el cumplimiento de sus funciones. Volviendo a la carta, la ADE ha vuelto a reivindicar un reglamento -que sí tienen otros servicios exteriores, como el Servicio Europeo de Acción Exterior- y ha afeado al ministro la falta de progresión profesional que tienen hoy los diplomáticos dentro del ministerio. Mencionan el proyecto de ley de la Función Pública de la Administración del Estado y apelan a la Constitución para recordar a Albares que «uno de los derechos individuales del personal empleado público es la progresión en la carrera profesional y también la promoción interna, según los principios de igualdad, mérito y capacidad»: «Regula un derecho fundamental para los funcionarios cuando establece que la carrera profesional comprende un conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional que se ofrecen a las empleadas y empleados públicos en función de su experiencia, desempeño y cualificación».
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