Cien mil venezolanos pueden ser españoles gracias a Sánchez

A la comunidad española con descendientes venezolanos, a razón de tres y cuatro hijos en cada familia, se le aplica el caso 1 y 3 de los explicitados en la Ley de Memoria Democrática, según se explica en la octava disposición, la denominada DA8, según explican las mismas fuentes, que prefirieron guardar el anonimato. Esta disposición amplía la nacionalización especialmente a los hijos mayores de edad que antes no tenían la posibilidad de ser españoles, pero ahora con la amplitud de la nueva ley se les abre las posibilidades de conseguir la nacionalidad.

Pero a la previsión de 100.000 nuevos nacionalizados por la nueva ley de Memoria hay que añadir a todos aquellos que podrán pedir la nacionalidad en vigor de la instrucción publicada por el Ministerio de Justicia el pasado 25 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. Esta orden abre la concesión de la nacionalización a todos los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes españoles, en lugar de circunscribirla a los descendientes a los exiliados. Sobre el total de nacionalizaciones que podrían producirse a tenor de esta instrucción, nadie se atreve a concretar una cifra, aunque todas las fuentes consultadas insisten en que se trata de un proceso «masivo».

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En la comunidad española residente en Venezuela existe la sospecha de que la promulgación de la nueva ley conlleva fines electorales, ya que todos estos nuevos nacionalizados recibirán la ciudadanía española de origen y tendrán derecho a voto. Se da la circunstancia de que el próximo mes de mayo se celebrarán elecciones autonómicas en España y para el final de año se esperan las nuevas elecciones generales.

Hasta ahora, votar desde el exterior era un proceso complejo para los españoles emigrados porque debían rogar el sufragio y ello implicaba realizar multitud de trámites en un tiempo muy corto. Pero esta traba desapareció el pasado mes de septiembre, cuando el Senado decidió derogarla. La previsión de los grupos parlamentarios es que esta reforma facilitará tanto el proceso que permitirá triplicar la participación electoral de los españoles que residen en el exterior, hasta superar los 300.000 votantes. Y es en este nuevo contexto en el que el Gobierno ha lanzado su plan para nacionalizar masivamente a los descendientes de españoles, reinterpretando la nueva Ley de Memoria Democrática por la puerta de atrás y mediante la citada instrucción firmada por el Ministerio de Justicia el pasado 25 de octubre.

Lógicamente, el Gobierno no es ajeno a que la mayor colonia de descendientes de españoles se encuentra en Iberoamérica, una región donde en este momento dominan los gobiernos de izquierdas y, por tanto, votantes de ese signo. El pasado mes de junio, el exguerrillero Gustavo Petro hacía historia al convertirse en el primer presidente de Colombia de izquierdas y este octubre, Brasil fue el último país en sumarse a esta tendencia, confirmando el desapego de los ciudadanos latinoamericanos hacia los partidos conservadores. Además de estas dos naciones, Perú, México, Chile, Honduras, Venezuela y Cuba tienen gobiernos de izquierdas.

Las fuentes consulares consultadas por este periódico en Caracas descartan una intención proselitista de la nueva normativa y la defienden, dado que en su opinión España actualiza su corpus jurídico al nivel de Italia y Portugal respecto a la política migratoria de sus excolonias en Iberoamérica. En este sentido, la Ley de Memoria Democrática se aproxima más a la italiana que a la portuguesa. «Sea como sea, es un reconocimiento tardío a los venezolanos descendientes de españoles, bien por razones jurídicas o políticas, tenemos un proceso abierto para que se nacionalicen», mantienen.

La avalancha de interesados en Venezuela se producirá, posiblemente, debido a la falta de condiciones del régimen chavista para evitar otra ola de migración con nacionalizaciones masivas. Y las condiciones pasan por elecciones presidenciales libres y justas que el régimen de Nicolás Maduro se niega a dar a la población.

De momento, en la entrada al Consulado de España en la Plaza La Castellana de Caracas ya hay pequeños grupos de jóvenes venezolanos con carpetas en mano que buscan la manera de adquirir la nacionalidad española para emigrar con la nueva ley. En sus rostros ansiosos se observa una mezcla de mucha expectación e ilusión a partes iguales porque tienen un padre, una madre o un abuelo español en su árbol genealógico, vivo o fallecido, -no sólo de origen sefardí o exiliado de la guerra y el régimen franquista-, que eligió Venezuela para residir y cuyos lazos parentales les permiten ahora solicitar la nacionalidad con la nueva ley.

En la fila de la institución, un funcionario informa sobre los requisitos a disponer para ser garantes de la nacionalidad español. Lo repite como una cartilla bien aprendida para que los interesados no pierdan el tiempo y así organizar mejor las visitas a la delegación consular española. «Vayan a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y después a la sección tal y piden la cita…», explica de memoria el funcionario sobre la solicitud online.

La Plaza La Castellana se ha convertido en el termómetro de la migración de los venezolanos de clase media que buscan escapar de la crisis del país por avión. Si la cola de espera para entrar a la torre del consulado español es muy larga entonces la crisis económica o política es muy alta también. Y si es baja se debe a la disminución de la tensión en el país.

En la actualidad, la población de residentes españoles en Venezuela es de 150.000 personas, de las que 125.000 son adultos con derecho al voto. El Estado bolivariano es el tercer país con población española más numerosa en Iberoamérica, después de Argentina (un millón) y Cuba (más de 200.000). De esos 150.000, 56.824 son de origen canario.