El vicepresidente de Aragón amañó su elección para perpetuarse en el poder

Eso hizo que el congreso del PAR fuera seguido con especial atención por los socialistas, que no querían ver alterada la delicada mayoría con la que gobiernan Aragón desde 2019: un cuatripartito compartido con los soberanistas de la Chunta, con Podemos y con el PAR, que pese a su minúscula representatividad parlamentaria es el que tiene la llave del poder en Aragón. De hecho, en 2019 pudo elegir dar el Gobierno regional al PP o al PSOE, y prefirió a los socialistas, pese hasta que unas semanas antes había sido socio parlamentario del PP en las Cortes Generales.

Los críticos del PAR denunciaron que se estaban amañando las fechas de celebración del congreso del partido que debía elegir la nueva cúpula. Y que esas fechas se acomodaban a los ritmos que necesitaban los de Arturo Aliaga para amoldar a su gusto la lista de afiliados, de las que luego salen las de los compromisarios, los que acuden con derecho a voto en el cónclave.

Quienes denunciaron esas maniobras pidieron judicialmente que se impidiera la celebración del congreso del PAR, pero no lo consiguieron. Tuvo lugar el último fin de semana de octubre del año pasado y Aliaga fue reelegido líder del partido. Respiró tranquilo, pero también Lambán: Aliaga seguía teniendo el mando del PAR, y Lambán no veía peligrar a su número dos, una de las patas imprescindibles de su ajustada mayoría en cuatripartito.

Pero ahora, un año después y a seis meses de las elecciones autonómicas, el caso ha dado un completo giro. Los críticos del PAR siguieron adelante en su batalla judicial, y un juzgado de Zaragoza acaba de darles la razón. Quien lideró la demanda fue un conocido jurista y militante del PAR, Xavier de Pedro. Ahora, el juzgado número 18 de Zaragoza concluye que, efectivamente, aquel congreso del partido fue amañado y que declara su nulidad a todos los efectos. Tendrá que repetirse.

Arturo Aliaga queda moralmente inhabilitado y el caso alcanza de lleno al Gobierno de Aragón. Los críticos del PAR piden a Arturo Aliaga que asuma sus responsabilidades, que deje sus cargos, y la oposición mira también a Javier Lambán, al que recuerdan que pasa a tener como vicepresidente de Aragón a quien ha sido censurado por amañar elecciones en su partido.

En la sentencia se destaca que el censo electoral con el que se preparó aquel cónclave «es nulo por irregularidades formales que implican una vulneración de los estatutos en cuanto a la admisión de afiliados». Hubo un desembarco masivo y sorpresivo de nuevos afiliados en el PAR en vísperas de ese congreso interno.

El amaño ha quedado al descubierto. El juzgado ha pedido al partido que entregara la preceptiva solicitud de afiliación por parte de esos inscritos de nuevo cuño, y el partido ha sido incapaz de facilitarla. No existe. De 311 nuevos afiliados «no constan sus escritos o mensajes de solicitud».

El juez repara también en el «sorprendente hecho» de que una persona pagara, de su bolsillo, «1.536 euros para cubrir el importe de cuotas de un grupo de afiliados». «Es evidentemente anómalo e insólito que alguien pague 1.536 euros en cuotas de otros afiliados», todo ello después de «la inusual entrada de afiliados en bloque», dice el juez.

Por todo ello, la sentencia declara nulo el acuerdo de la comisión organizadora del XV Congreso del PAR que el 27 de septiembre de 2021 modificó el censo de militantes; el acuerdo de la Ejecutiva del PAR que aprobó la lista de compromisarios el 13 de octubre de 2021; y la proclamación de los resultados del cónclave que, el 24 de octubre de 2021, reeligió líder del PAR a Arturo Aliaga.

Fuentes del sector crítico del PAR que consideran a Aliaga políticamente inhabilitado apuestan, sin embargo, por que intentará atrincherarse hasta el último momento. La sentencia es recurrible, y eso le permitiría ganar tiempo. Todos apuestan que intentará esa vía, para mantenerse hasta las elecciones e incluso maniobrar internamente para seguir optando a escaño y a ser pieza de un futuro Gobierno autonómico.

Los que han ganado este juicio exigen que, de inmediato, Aliaga y toda la estructura directiva que salió del congreso amañado sea desmontada y sustituida por una gestora, de inmediato. Y que se abra un expediente disciplinario contra Arturo Aliaga sin más dilación por un órgano independiente constituido al efecto.