Miles de funcionarios se quedan sin Sanidad gratuita en Aragón por un rifirrafe político

La situación afecta a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las oficinas territoriales dependientes de ministerios y de otros organismos públicos, según ha desvelado el diario regional Heraldo . Son los que, por esa condición funcionarial, están encuadrados en la Mutualidad General de Funcioanrios Civiles del Estado ( Muface ), en la Mutualidad General Judicial ( Mageju ) y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas ( Isfas ).

Más en concreto, el problema se concentra en los que residen en pueblos o ciudades en las que no hay clínicas privadas en las que puedan ser atendidos de acuerdo con la aseguradora particular a la que estén acogidos, por elección propia, estos encuadrados en Muface, Mageju e Isfas.

El problema radica en el desacuerdo consumado entre el Gobierno aragonés y la Administración del Estado para renegociar el convenio que rige desde hace años para la cobertura sanitaria de estos funcionarios. Citando fuentes de la Consejería aragonesa de Sanidad, Heraldo apunta que el problema lo sufren desde el 1 de enero casi 17.000 empleados públicos .

El último convenio que estaba en vigor fue firmado en la anterior legislatura por el Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi (PP). El actual Gobierno regional del PSOE considera que las condiciones económicas que se recogieron en él son lesivas para las arcas autonómicas, porque se ha estado repercutiendo a las aseguradoras de esas mutuas unos importes muy inferiores a los que deberían haberse facturado.

Por eso, cuando el 31 de diciembre expiró la vigencia del convenio, el Gobierno aragonés PSOE-Chunta rechazó prorrogar su aplicación . Y, al no haberse alcanzado un acuerdo para un nuevo convenio, desde el 1 de enero los mutualistas que acuden a la Sanidad pública aragonesa tienen que pagar por la asistencia que reciben. Así ocurre cuando, por falta de clínicas o centros privados en los que pasar consulta, han de acudir a médicos de centros de salud u hospitales públicos. Lo mismo en el caso de las urgencias hospitalarias.

La factura es inmediata. En cuanto son atendidos, los centros sanitarios públicos tienen orden de cobrarles el servicio o de tramitar las facturas correspondientes . Todo ello según una tabla de tarifas que tiene establecidas la Sanidad pública aragonesa y que son de un mínimo de 70 euros por una consulta de un médico de cabecera.

Luego es el usuario el que tiene que ingeniárselas para que su aseguradora privada, a través de las mutuas de funcionarios, les abone lo que les hayan cobrado en la Sanidad pública. Pero esto no resulta tan sencillo, dada la confusión general que existe todavía ante la situación generada entre el Gobierno aragonés, las mutuas estatales y las aseguradoras privadas.