El fiscal del caso Gali planta cara a la Abogacía del Estado y apoya la investigación que acecha a Sánchez

El fiscal asignado a este caso, Juan Pablo Fraj, pertenece a la oficina de la Fiscalía de Zaragoza , que es donde se está siguiendo está instruyendo esta causa. El juzgado investiga la operación clandestina que desplegó el Gobierno en abril para introducir furtivamente en España al líder del Frente Polisario , el saharaui Brahim Gali , que por entonces estaba incurso en causas penales instruidas por la Audiencia Nacional.

El escrito librado por el fiscal Fraj, al que ha tenido acceso ABC, rechaza íntegramente el recurso de apelación que ha presentado en las últimas semanas María del Mar González Bella, la abogada del Estado designada por el Gobierno para defender a Laya y Villarino . Esta letrada insiste en torpedear la investigación judicial: ha pedido al juez, sin éxito, el sobreseimiento de las actuaciones, que expulse a las acusaciones populares o, en su defecto, que les imponga una desorbitada fianza de 150.000 euros. Y, además, ha urgido en varias ocasiones a censurar la información que se está publicando sobre este caso, noticias que comprometen de lleno al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez está en el punto de mira , acechado por una investigación que busca al máximo responsable de esta operación clandestina.

Ninguna de estas pretensiones de la abogada del Estado ha contado con el respaldo del fiscal, que considera totalmente necesario seguir adelante con la investigación, al compartir con el juez que hay claros indicios de delito .

Ante sus fracasadas alegaciones contra la instrucción del juez zaragozano Rafael Lasala , la abogada del Estado lo intenta ahora con un recurso de reposición que deberá resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza . Pero el fiscal ha dejado claro que no lo comparte . Y así lo ha hecho constar en su escrito de alegaciones dirigido también a la Audiencia Provincial.

La posición del fiscal apoya las diligencias del juez, al que además respalda en su decisión de no exigir fianza alguna a las acusaciones populares y permitir que sigan personadas. Las acusaciones las ejercen el abogado malagueño Antonio Urdiales , de una parte, y Mohamed Rachad Andaolussi y Juan Vicente Pérez Aras , por otra.

El juez zaragozano Rafael Lasala lleva cinco meses investigando la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Las diligencias han destapado que se trató de una operación clandestina que fue ejecutada bajo la coordinación de Laya y Villarino, con participación del Estado Mayor del Aire (Ministerio de Defensa) y de agentes del Ministerio del Interior .

Las pruebas documentales y testificales recogidas por Rafael Lasala han reforzado los indicios penales en torno a esta operación clandestina. En concreto, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento. El saharaui Gali fue acogido furtivamente en España el 18 de abril, cuando estaba incurso en causas penales abiertas en España por terrorismo, torturas y genocidio, entre otros delitos.

El líder del Polisario fue introducido a través de la Base militar de Zaragoza , a donde llegó, enfermo de Covid, en un avión de la Presidencia de Argelia. Se ordenó que no fuera sometido a los controles de pasaportes, para que no quedara registrada su llegada.

Fue trasladado al hospital de Logroño. El Gobierno decidió ingresarlo allí tras haberlo acordado, de tapadillo, con el Ejecutivo regional de la socialista Concha Andreu . Quedó internado bajo identidad falsa, con un pasaporte argelino amañado , a nombre de un tal Mohamed Benbatouche, «embajador retirado». Para rematar el encubrimiento, Gali llegó acompañado de un hijo, que también fue introducido ilegalmente y al que, para darle cobertura, se le expidió una tarjeta de residencia en España días después de haber entrado en el país con su padre.