La Junta pide cerrar todos los juzgados salvo el de guardia, violencia y forense

Esta petición ya se comunicó oficialmente al Ministerio de Justicia en una reunión que se celebró el martes, pero no encontró respuesta positiva sino todo lo contrario ya que la orden fue mantener los servicios esenciales que están funcionando actualmente y que suponen el 10% de la plantilla total de los funcionarios de Justicia, que se eleva a 9.000 personas en toda Andalucía.

Sin embargo esta reducción del personal de Justicia no es una reclamación política sino que se trata de una petición avalada por los sindicatos del sector y ha sido aprobada por el Comité sectorial de seguridad y salud laboral de la administración de Justicia en Andalucía en la que también participa la Dirección general de la oficina judicial y fiscal. En este acuerdo, se plantea también al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA , y a la Fiscal Superior de Andalucía, que traslade a los jueces y decanos la obligación de respetar la dotación de personal establecida por la Junta y que se circunscribe a los servicios esenciales.

En esta situación de estado de alarma, en la administración de Justicia siguen trabajando unas 900 personas en toda Andalucía y eso a pesar de que la Justicia está paralizada, los plazos administrativos congelados y no se celebran vistas ni juicios, ya que están todos aplazados.

La propuesta de la Junta, según explicó Juan Marín a ABC, pasa por mantener en los edificios judiciales solamente al diez por ciento de los funcionarios adscritos a los servicios esenciales, lo que supondría unas cien personas que podrían atender las necesidades de los servicios que sí permanecen abiertos a la ciudadanía. «Creemos que estamos sometiendo a los funcionarios a un riesgo innecesario. Nuestra propuesta es que el personal de los servicios esenciales esté en reserva por si hay una emergencia pero no acudan a los juzgados. Muchos podrían hacer teletrabajo y otros esperar a que los llamen en caso de necesidad».

Porque uno de los principales problemas es la falta de medios de protección para estos profesionales, que ya han denunciado los sindicatos y que el Gobierno andaluz comparte. «Hay muchas quejas por falta de material y mascarillas para el personal que atiende al público y que nos lo tiene que proporcionar el Ministerio», explica Juan Marín quien afirma que su consejería ha comprado gel hidroalcohólico, jabón y otros productos de higiene pero entendemos que estamos sometiendo a ochocientos funcionarios a un riesgo que es innecesario». El vicepresidente andaluz confirma además que una buena parte de los funcionarios que no irían a los juzgados podrían prestar servicios en otra consejería , «por ejemplo la de Empleo que tiene mucha carga de trabajo con los ERTE que están presentando las empresas, y que necesitan auxilio judicial».

En este sentido, el sindicato CSIF Justicia Málaga ha denunciado que hay un «incremento de funcionarios con síntomas compatibles con el Covid-19 en la Ciudad de la Justicia y los juzgados de Marbella». Han explicado que tras el cierre y desinfección de la Sección Novena de la Audiencia Provincial por un positivo confirmado, «actualmente son numerosos los trabajadores que permanecen en cuarentena tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus, como fiebre y tos». «Se trata de funcionarios de diferentes juzgados y que prestan servicio en distintas plantas del edificio».