«A nuestro hijo se le ha discriminado hasta en el recreo»

Hasta ahora. Porque este curso, tras el enésimo cambio de centro escolar, la actitud de Sergio ha comenzado a mejorar diametralmente, gracias sobre todo al desempeño de su nueva profesora. « Cuando se le integra con otros alumnos sus notas son superiores a las de muchos niños que no tienen autismo », asevera su padre. «Ahora tiene una profesora que le ayuda. Ha pasado de hacer cosas muy simples como unir la bufanda con la nieve a resolver problemas matemáticos. Tiene un gran potencial que hasta ahora no se había trabajado, porque estaba aislado con los niños con grandes discapacidades», añade la madre.

¿Y por qué denuncian entonces la situación ahora que el crío comienza a mejorar? Los padres de Sergio explican que no quieren que casos como el suyo sigan sucediendo. Al margen de la proactividad de la nueva docente, su hijo necesita además lo que se denomina un «monitor sombra» que le ayude a estar en una clase con el resto de alumnos. Que haga plausible su integración total. Pues bien, según la familia, el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Federación de Autismo de Andalucía recoge que son las familias las que tienen que pagar ese tipo de monitores. « Sólo las familias más pudientes tienen acceso a ellos», se lamenta Eufemio.

Por contra, la respuesta de la administración no ha podido ser más decepcionante. «Nos dicen que lo llevemos a un centro especializado, que lo volvamos a aislar», asegura la madre. «Denunciamos a la Junta porque en Andalucía si tienes dinero tu hijo puede estudiar integrado en el aula, pero si no tienes recursos para contratar lo aíslan », matiza el padre, quien añade que el Ayuntamiento de Mijas se brindó a sufragar la contratación, pero que declinaron esta solución.

«No es un problema sólo de mi hijo. Hay más niños en esta situación y debe ser la Junta la que los ampare. El Ayuntamiento no tiene competencias en este asunto, pese a su buena intención», remarca Eufemio García, quien explica en la denuncia contra la administración autonómica que puede estar incurriendo en «los presuntos delitos de dejación de funciones, denegación de prestaciones públicas, discriminación e, incluso, prevaricación».