Las demandas por cláusulas suelo se atascan en Andalucía

Pese a que la problemática de las cláusulas hipotecarias abusivas cuenta con un plan judicial especial desde junio de 2017, estos asuntos se han enquistado en los juzgados de toda España. En Andalucía, concretamente, han crecido «de forma llamativa, de modo que, a fecha 31 de marzo de 2019, hemos llegado en Andalucía a una cifra total de 87.345 procedimientos », tras los 36.046 que ingresaron en 2017 los juzgados especializados.

En conjunto, Andalucía asume «más del 22% del registro a nivel nacional». El TSJA ha datado en 45.948 el número de procedimientos ingresados (frente a los 13.000 resueltos) por los denominados juzgados bis durante 2018, con la siguiente distribución por provincias: Almería , 3.003; Cádiz , 6.808; Córdoba , 4.681; Granada , 4.722; Huelva , 4.127; Jaén , 4.835; Málaga , 7.333; Sevilla , 10.439. En todas las provincias hubo más denuncias nuevas que asuntos resueltos.

Esta situación ha supuesto un aumento de un 10% más de asuntos en la jurisdicción civil en Andalucía, que mantiene la tendencia al alza desde el incremento del 4% del pasado año. Ello «obedece, sin duda, a la litigiosidad derivada de las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física», asevera el TSJA.

La memoria anual del TSJA recuerda que, a partir de enero de 2019, «se ha ampliado el refuerzo y número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas». Además, advierte de la elaboración de planes de actuación y coordinación de señalamientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia en estos juzgados especializados. Sin embargo, «se estima necesario que exista una coordinación entre las agendas de los diversos jueces que sirven en una misma estructura organizativa especializada».

«También es necesario que la Consejería de Justicia adopte las medidas necesarias para que pueda materializarse debidamente la integración de las estructuras judiciales», incide el informe, que observa «con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos »: «Hay que evitar a toda costa que el esfuerzo de la administración de justicia en esta materia pueda llevarnos en algún momento a hablar de despilfarro, máxime cuando contamos ya, con carácter general, con jurisprudencia española y europea que debe impulsar a una solución consensuada».