Carmen Martínez Aguayo, primera condenada de los ERE que entra en prisión

La exconsejera no ha apurado el plazo de diez días que estableció el órgano sentenciador para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario de su elección con vistas a penar el castigo impuesto por un delito continuado de malversación de fondos públicos. El plazo expira el primer día del año 2023 y Martínez Aguayo, la única mujer condenada a prisión por el fraude de las ayudas a empresas en crisis, ha entrado en la prisión en la jornada del Día de los Inocentes. Es la primera condenada del caso ERE hasta la fecha que ha trascendido que ha empezado a cumplir la pena privativa de libertad.

Coincidiendo con dicho ingreso, este 28 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó una diligencia de ordenación en la que libraba oficio al centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra «dejando a Carmen Martínez Aguayo en calidad de penada» a disposición de los magistrados, en virtud de la ejecutoria de la sentencia del caso ERE dictada por ellos. En el citado escrito, al que ha accedido este periódico, se da cuenta de que la exconsejera andaluza ha empezado a cumplir su condena en la cárcel.

Durante su etapa en el Gobierno socialista, Martínez Aguayo ha sido la mano derecha del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y como él está condenada a la misma pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por delitos continuados de malversación y prevaricación. Fue ella quien lo sucedió como titular de la cartera andaluza de Hacienda y antes había sido su viceconsejera. De los quince informes remitidos por la Intervención en los que ponía en entredicho el sistema de ayudas de los ERE, al menos tres fueron remitidos en 2005, 2006 y 2007, siendo Martínez Aguayo la viceconsejera y Griñán de consejero.

El letrado de Griñán ha pedido que se suspenda la pena de seis años de cárcel que estableció la Audiencia de Sevilla y confirmó el Tribunal Supremo porque padece una «enfermedad muy grave con padecimientos incurables», en concreto, un cáncer que exige un tratamiento especial. El tribunal sentenciador ha solicitado un informe forense para determinar si su ingreso en prisión afecta al desarrollo y tratamiento de la enfermedad que sufre.

La Audiencia de Sevilla dio por probado que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones de euros que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la «paz social» que el declive de las industrias había puesto en riesgo.

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Durante el juicio de la pieza política del caso ERE, Martínez Aguayo defendió que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General de la Junta de Andalucía. Por esta razón «nunca» informó de las alertas de los interventores a su entonces superior al frente de la Consejería y después presidente de la Junta, José Antonio Griñán, alegando que los reparos estaban relacionados con el pago de las ayudas a la partida presupuestaria 31L. «No me advirtieron de una ilegalidad (…) solo reflejaban discrepancias contables, no menoscabo de fondos públicos», respondió al ser preguntada en el juicio sobre los citados informes.

La sentencia de la Audiencia notificada el 19 de noviembre de 2019, en cambio, destaca la responsabilidad de Martínez Aguayo en el fraude. Así, señala que la exconsejera intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009. En todos ellos se incluyó en los anteproyectos de presupuestos el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L (el fondo de los ERE), «a sabiendas» de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. Además, perteneció al Consejo Rector de la Agencia IDEA (la caja pagadora de las ayudas), lo que le permitió tener conocimiento de la existencia del Convenio Marco de julio de 2001, en virtud del cual se suscribieron los convenios particulares, y que las transferencias de financiación al IFA-IDEA, era para el pago por ésta de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo.

«La encausada era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados», insiste la sentencia, que argumenta que por ello la exconsejera asumió la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados.