«Vuelva usted mañana», responde la Junta a las denuncias de acoso en Córdoba

Lo que se reproduce en esta página es la respuesta oficial de la secretaria general de la Delegación de Hacienda y Administración Pública a la denuncia elevada por un funcionario o funcionaria de la Junta en Córdoba. Toda la documentación tiene fecha de febrero de este año y la iniciativa de la Junta no puede ser más clara: rechaza la presentación misma de la denuncia. Explica que dos de los cargos del comité de investigación están «cesados por diversas circunstancias» y un tercero está de baja. Por ello, afirma, el comité de investigación que se ocupa de prevenir y castigar las situaciones de acoso laboral, sexual o por homofobia, entre otras, ni siquiera «está conformado» por lo que «no puede realizarse un procedimiento». Es decir, la denuncia ni siquiera puede admitirse y no hay nadie que se haga cargo de constatar los hechos para archivar el expediente o sancionar de la manera que proceda al autor o autora.

Los responsables del departamento de Administración Pública advierten en el texto del traslado sus buenas intenciones. Se está trabajando para que el comité de investigación opere en el tiempo más breve posible. En realidad, lo que no dicen es que la situación se prolonga desde hace meses y ha habido ya varios toques de sus miembros afirmando que la situación no es operativa. El comité de investigación tiene que estar formado por dos funcionarios y dos representantes sindicales.

Sin embargo, la normativa que lo creó nunca cayó en la cuenta de que bastaba con recoger en el protocolo correspondiente que se podían nombrar suplentes. Las fuentes consultadas explican que nunca se cumplen los plazos por la acumulación de trabajo ya que la norma obliga a tener todo el expediente disciplinario dispuesto en apenas un mes de trabajo. La exdelegada del Gobierno Rafaela Crespín presentó la creación del comité (en realidad, uno de los cuatro que deberían funcionar: el que se dedica a combatir el acoso en la administración general) como un avance en la protección de los trabajadores.

La actual delegada del Gobierno, Esther Ruiz, ha dado la callada por respuesta. Este periódico lleva dos días intentando recabar una versión oficial de los hechos con su departamento de comunicación.   Tampoco ha sido posible recabar datos sobre cuántos expedientes ha abierto el comité, cuántos han acabado en sanción y por qué no se han realizado nombramientos.