Suspenden el contrato de obras y averías de la red de la empresa de aguas de la Diputación de Córdoba

Esta instancia, inserta en la Consejería de Economía y Hacienda, y que se dedica a resolver los conflictos en los contratos públicos de la administración local entre otras competencias, ha aceptado la solicitud de la patronal nacional de la construcción (CNC) y la cordobesa, que entendían que se vulneraba «los principios generales básicos y fundamentales que deben regir la contratación en el ámbito del sector público».

El contrato tiene un valor de 3 millones de euros aunque su precio de licitación es de 1,4 millones con impuestos. Lo que la Diputación sacó a concurso en octubre pasado eran obras, mantenimiento y actuaciones complementarias en la red de agua de Emproacsa en toda la provincia, con una división en cinco lotes territoriales.

El enfado de Construcor (patronal cordobesa) y la homóloga nacional estriba en dos aspectos de los criterios de adjudicación que crean, a su juicio, un trato «discriminatorio» para las empresas concurrentes. Según el pliego del concurso, la empresa de aguas fija cinco criterios de adjudicación con diferentes puntuaciones.

La oferta económica se lleva el máximo con 60 puntos, seguido de la implantación de la empresa en la zona del lote de servicio (16 puntos), la cobertura por trabajos de excavacaciones y movimientos de tierras (11 puntos), medios de la empresa para la prestación del servicio (9 puntos) y el certificado de competencia de la firma (4 puntos).

Es en el segundo y cuarto criterio donde radica gran parte de la controversia. Los constructores entienden que primar la ubicación de las empresas en la zona donde han de desarrollarse las actuaciones (segunda máxima puntuación) «constituye una discriminación en perjuicio de aquellas empresas radicadas en un lugar distinto de aquél en que se van a ejectuar las prestaciones, pese a contar con la suficiente solvencia económica, financiera, técnica y profesional», se indica en el recurso que Construcor presentó el pasado 19 de noviembre en el citado tribunal administrativo.

Los empresarios cordobeses argumentan que los criterios de adjudicación no se pueden convertir, sea cual sea su naturaleza, «en trabas que impidan a las empresas potencialmente licitadoras acceder en condiciones de igualdad a los procedimientos». Ocurre igual, según el recurso de Construcor, con los llamados medios de las empresas (cuarto requisito en valoración).

Emproacsa llega a ponderar que los medios humanos y materiales de las licitadoras sean contratados a terceros o propios así como diferenciar si se trata de trabajadores de la matriz o adscritos a servicios contratados. En todo caso, los constructores creen que se trataría de aspectos «adicionales» que no pueden desvirtuar la esencia de la adjudiación que la propia ley señala en la relación calidad -precio.

Como ha venido publicando ABC, los contructores amenazan también con llevar a los tribunales la toma de la empresa estatal Tragsa por la Diputación como medio propio contratista tras comprar una parte simbólica de su accionariado. Constructor tachó de «prostitución» de la concesión de obras esta medida.