Constructores acusan a la Diputación de Córdoba de «prostituir» la concesión de obras

El aviso de Francisco Carmona se produce tras la publicación de ABC en el día de ayer de la noticia de que la Institución provincial ha aprobado la adquisición de una acción de la empresa estatal Tragsa por algo más de 8.000 euros , lo que le permite adjudicar obras sin pasar por el trámite de la competencia al que concurren las empresas privadas.

El presidente de los constructores cordobeses precisó que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) celebrará el próximo enero una reunión y en ella se formulará la denuncia ante la Unión Europea por la vulneración de los principios de la norma europea y la ley de contratos aprobada en marzo, y que emana de ella. «Construcor apoyará que se emprendan las acciones legales que en esa reunión se consideren oportunas», indicó Francisco Carmona, que recordó que Tragsa es una empresa pública que en su origen estaba vinculada a actividades de tranformación agraria y que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo otras competencias. «La función que tiene en la actualidad es de actuar cuando hay situaciones de emergencia, como por ejemplo cuando se produce una inundación», indicó Carmona.

«Pero la Diputación quiere cambiar ese estado de cosas con motivo de la nueva ley de contratos públicos: lo que no nos explicamos tampoco es por qué nadie se ha reunido con nosotros para consultarnos nada», añadió. El presidente de Construcor aportó un elemento importante: «Las empresas cordobesas serán subcontratas de Tragsa, porque Tragsa no tiene infraestrutura en Córdoba, ni tampoco personal, así que será una comisionista y habrá un encarecimiento de las obras».

Cuestión aparte es el fondo del asunto: «Si usted dice que tiene un colapso en la contratación [en referencia a la Diputación] es porque está reconociendo que los métodos con los que opera son ineficaces, y resulta que la manera de intentar resolver la ineficencia es corromper el sistema, y quienes vamos a pagarlo somos los constructores».

En esta misma línea se situó el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) , Antonio Díaz: «Nosotros vamos a estar siempre del lado de los constructores, de los contratistas, defendiendo el sector privado». «Lo que no puede ser es que lo excepcional se convierta en la norma, en lo habitual: Tragsa es un instrumento público para acabar obras que entran en situaciones problemáticas, como así ha ocurrido y con buenos resultados en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, pero no para tirar de ella de una manera recurrente», resaltó Díaz.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio , Ignacio Fernández de Mesa , opinó que «si es para acabar actuaciones, como por ejemplo, el Centro de Convenciones, pues me parece bien, pero no si ese instrumento o esa forma de proceder se normaliza o se usa para ir más allá, para hacer otro tipo de obras».

¿Y cuál es el punto de vista del PP , el principal grupo de la oposición en la Diputación? El portavoz de este partido, Andrés Lorite, declaró ayer a este periódico que la compra de la acción «se aprobó en el Pleno de noviembre y el cogobierno lo llevó por la vía de urgencias, y nosotros nos abstuvimos porque no habíamos leído el expediente debido a que entró por urgencias: dada la importancia del tema creo que no debería haber ido por urgencias, y quizás la decisión de hacerlo así explique algunas intenciones del PSOE».

Lorite dejó claro que «nos parece mal la compra de la acción a Tragsa, porque pone de manifiesto la parálisis de contrataciones y de obra pública en este mandato. No hay fluidez en la contratación. Ellos le echan la culpa a la nueva ley de contratos, que es de este marzo, pero la parálisis viene de antes, de 2015». «Comprendo que el sector de la construcción esté enfadado, porque esto la gota que colma el vaso. Cuando nosotros estábamos en el gobierno de la Diputación hubo reuniones con Tragsa por este asunto, pero dimos marcha atrás porque porque creemos en la libertad de mercado y en la libre competencia», añadió el portavoz del PP en la Institución provincial.  El grupo del PSOE en la Diputación se negó ayer a dar su opinión sobre este tema.