El presidente de la Audencia de Córdoba dice que el Covid-19 ha evidenciado las «deficiencias» de la Justicia

Al presentar la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con la provincia durante 2019, Sánchez Zamorano ha explicado que «la pandemia ha supuesto un parón muy importante , muy grande», durante tres meses, aclarando que eso «no quiere decir que la pandemia haya estropeado mucho lo estropeada que ya estaba la Administración de Justicia, pero sí que es verdad que se suspendieron en la provincia de Córdoba unos 2.000 juicios ».

Ello no ha evitado, según ha indicado, que «la Audiencia Provincial de Córdoba siguiera funcionando», pues, aunque se suspendieron vistas orales, «los recursos siguieron funcionando, de tal manera que la Audiencia Provincial, en sus secciones penales, dictó aproximadamente 400 resoluciones, y la Sección Civil dictó unas 600 resolucione s», mientras que el resto de juzgados solo «han funcionado para los servicios mínimos y esenciales », de forma que, «fuera de ello, la actividad judicial ha estado prácticamente paralizada».

Para Sánchez Zamorano, «lo más evidente» es que, durante el estado de alarma decretado por la pandemia, «se ha puesto de manifiesto las deficiencias de esas tres patas en las que se sostiene la Administración de Justicia», que son «la Administración prestacional», en este caso la Junta de Andalucía, junto al Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Los jueces dependen del CGPJ, los médicos forenses y letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia, y los funcionarios, junto con la prestación de la dotación económica , dependen de la Junta de Andalucía.

Pues bien, según ha asegurado Sánchez Zamorano, «esas carencias, esas disfunciones , esa falta de coordinación entre las tres administraciones se ha puesto de manifiesto de una forma muy aguda , muy palpable por todos durante la gestión de la pandemia». Así, los jueces se han visto, «a veces, en situaciones» en las que les «han faltado los funcionarios », porque su distribución y «la regulación de la entrada o de la reincorporación al trabajo ha dependido de la Administración prestacional», la Junta de Andalucía , si bien, según ha precisado, eso ha ocurrido también en otras comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de Justicia transferidas.

En cuanto a la Memoria Anual de 2019 del TSJA, el presidente de la Audiencia ha destacado, tal y como recoge dicha memoria, que «la parálisis legislativa nos aboca un año más a un panorama sin novedades organizativas », que han sido «demandadas ininterrumpidamente durante una década», de modo que «seguimos a la espera del imprescindible y significativo cambio del sistema organizativo judicial, junto a la necesaria reforma del proceso penal ».

De hecho, se ha puesto de manifiesto que «hablar de teletrabajo es una entelequia en la Administración de Justicia», pues, según ha argumentado el presidente de al Audiencia, «si hubiese habido un sistema para poder trabajar 'on line', desde la distancia», se podría haber hecho mucho más, pues, a pesar de que los jueces cuentan desde hace tiempo con ordenadores que les facilitó la Junta de Andalucía, lo cierto es que «el expediente digital no está funcionando todavía».

Es más, según Sánchez Zamorano, «en el ámbito civil funciona razonablemente bien», pero «en el ámbito penal todavía no ha entrado en funcionamiento el expediente digital y, por tanto, el trabajo a distancia en la Administración de Justicia, si hubiera estado reconocido y establecido aquí, pues hubiéramos funcionado durante este parón que ha provocado el estado de alarma, como consecuencia de la pandemia ».

Sánchez Zamorano ha resaltado que «hace falta cambiar la mentalidad de todos los que operan en el ámbito de la Administración de Justicia, empezando por los propios jueces, porque hay jugados que derivan poco hacia la mediación », y «los letrados tienen que cambiar también de mentalidad», al igual que «los justiciables».