El Pleno censura la entrega del superávit de Córdoba al Gobierno central

En lo que concierne a Córdoba, el sistema obliga a entregar al Gobierno unos 22,5 millones de euros con forma de préstamo a devolver con intereses en catorce años. La mera entrega implica poder gastar una parte de esos recursos en 2020 y 2021 (algo más de seis millones). A efectos prácticos, acogerse al sistema supone enterrar la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba tenga un plan potente para combatir la crisis económica y social generada por el Covid diseñado sin condicionamientos por los responsables municipales por la totalidad de la cantidad disponible.

El alcalde de Córdoba, José María Bellid o, aseguró que el gobierno municipal está en la línea de 31 alcaldes de 14 partidos políticos distintos tan dispares como el PP, Podemos o el BNG. Afirmó que el Consistorio no va a participar en el sistema de financiación e irá al máximo de las posibilidades que le ofrece la legislación. Aseguró que tiene nueve millones de libre disposición y se acudirá a las Inversiones Financieramente Sostenibles ahora que se cumple con el periodo medio de pago. Bellido afirmó que existe una alternativa pactada por los alcaldes de todo el país que consiste en eliminar las trabas para el gasto de quien tiene dinero y que sea el Gobierno central quien asista a quien no tiene esa cantidad. Advirtió a los partidos de izquierda de que sus quejas con la ley Montoro tienen ya una fácil solución: «Deróguenla, que llevan en el Gobierno dos años».

El teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico , pidió la censura de la medida del Gobierno cediendo su tiempo de intervención al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien además es el portavoz de la ejecutiva federal del PSOE. Puente declaró recientemente su posición crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. Torrico tildó de «barbaridad» la medida que supone, dijo, una medida «que no cabe en cabeza humana»

La portavoz socialista, Isabel Ambrosio , dijo que el decreto es una oportunidad para la autonomía municipal porque supone una flexibilización de la ley Montoro. Aseguró que no ha tenido nunca ningún problema en criticar las medidas de su partido cuando entraban en contradicción con los intereses de los cordobeses. Bellido le instó a ser prudente para «en situación decir que se hacen méritos para obtener un cargo».

Ambrosio aseguró que el decreto salido del Gobierno es mejorable e instó a Cs a plantear el asunto a su presidenta, Inés Arrimadas, que tendrá un peso específico clave en la negociación presupuestaria. «No me van a encontrar en tonos de provocación, no va conmigo», afirmó Ambrosio. La exalcaldesa aseguró que el decreto establece 17 medidas para ayudar a los municipios. Ambrosio reclamó políticas alternativas que fortalezcan los servicios municipales y ayudan a las familias que peor lo pasan.

Particularmente dura fue la réplica del edil de Hacienda, Salvador Fuentes , quien pidió a Ambrosio que secunde la posición de los alcaldes que defienden los intereses de su ciudad por encima de sus intereses de partido. Aseguró que el chantaje injusto planteado impide el desarrollo de políticas de inversión que no son las que se necesitan en la ciudad en estos momentos.

En la izquierda, la censura planteada por PP, y secundada por Cs y Vox, se adoptó con un rechazo general. Podemos e IU mantuvieron un discurso crítico con los populares por sus políticas de austeridad en la anterior crisis económica. La portavoz de los morados, Cristina Pedrajas, aseguró que su grupo se abstuvo en la FEMP para no bloquear la medida aunque aseguró que no es del todo de su agrado. Podemos optó por centrar sus críticas en la legislación de estabilidad aprobada por Cristóbal Montoro. En la misma línea, estuvo la edil de IU Alba Doblas , quien aseguró que el PP juega al doble lenguaje «de gritar 'no' y susurrar 'flexibilidad'». Defendió que el decreto permite gastarse los 22,5 millones antes del 31 de diciembre sin problemas y que si no lo hace el PP es porque no se ve capaz.

Desde Cs, Isabel Albás apeló al PSOE para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , para que se comporte como el representante de los españoles que le han votado y a los que no. Aseguró que la movilización de los recursos disponibles es clave en estos momentos para que se pueda ayudar a las familias a salir adelante. Por Vox, Rafael Saco aseguró que el Gobierno ha montado una forma de cuadrar sus cuentas ante Bruselas incautando los recursos municipales y generando ciudadanos de tres clases: «los que viven en ciudades con superávit y entregan el dinero, los que no lo van a entregar y los que no lo tienen».