El juzgado procesa a la cúpula de la Fundación Guadalquivir por fraude y delito contra los trabajadores

Además, la togada ha decretado el sobreseimiento provisional restecto a la también investigada Alejandra Pérez-Guillén , exnúmero dos de Juventudes Socialistas en la capital, por no haber motivos suficientes para acusarla como autora, cómplice o encubridora de los citados delitos.

Así, el auto, al que ha tenido acceso este periódico, explica que los procesados constituyeron las asociaciones sin ánimo de lucro Jóvenes para el Futuro, la asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir y la Fundación Guadalquivir Futuro para la contratación y promoción del empleo en una zona especialmente sensible y deprimida económicamente de la ciudad de Córdoba, en el distrito Sur, «por su elevado índice de paro y pobreza», recoge el escrito judicial.

Con esta excusa, los investigados solicitaron subvenciones a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación Cajasur. El grueso de las ayuda provino de la Administración autonómica, a través de su programa Emple@, destinado a fomentar la inserción laboral de personas de 30 años o más desempleadas.

De este modo, la maquinaria de las «mordidas» comenzó a gestarse. El 19 de noviembre de 2015 se dictó resolución por la que la Junta aprobó la concesión de ayudas a las tres entidades que, además, también se beneficiaron del apoyo económico de otras instituciones.

La asociación Jóvenes para el Futuro consiguió una subevnción de 179.639 euros del programa @Emplea, además de otros 1.000 del Ayuntamiento. La Fundación Guadalquivir Futuro fue subvencionada con 103.797 euros por parte de la Junta. «Asimismo, percibió de la entidad financiera Cajasur en base al convenio firmado con fecha 18 de julio del año 2014 la cantidad de 26.000 euros y en base al convenio firmado con fecha 1 de febrero del año 2016, la cantidad de 13.850 euros. Finalmente, de la Diputación Provincial de Córdoba con fecha 24 e mayo del años 2016 percibió la cantidad de 40.000 euros», lo que hace un total de 183.647 euros, según explica la jueza.

Por su parte, la asociacion de vecinos Nuevo Guadalquivir percibió, también de Servicio Andaluz de Empleo la ayuda solicitada por un importe de 144.164 euros.

Los investigados desviaban el destino de las subvenciones a través de dos mecanismos: mediante donaciones presuntamente voluntarias y a través de entregas de dinero en mano «sin ningún tipo de soporte material o 'recibí'».

En el caso de la asociación Jóvenes para el Futuro , se contrataron a un total de once personas con distinta formación (desde técnicos superiores de administración de sistemas informáticos, a maestros, trabajadores sociales y anomadores socioculturales). En todos los casos, Menacho, «en su condición de presidente de la asociación que actuaba en connivencia con los restantes investigados», indicaba a los empleados las condiciones, «si bien y pese a lo previsto en el contrato laboral, el investigado les manifestaria que el horario a cumplir sería de seis horas y no de ocho , tal y como se reflejaba en el mismo, y que el importe a percibir no sería en su totalidad. Y la diferencia debían abonársela a él».

Por su parte, María Ángeles Muñoz, como presidenta de la Fundación Guadalquivir, contrató a otros once empleados y actuó de la misma manera que su hijo. Muchos de estos trabajadores, «al ser personas que se encontraban en desempleo durante un largo periodo de tiempo y al tener que cubrir sus necesidades básicas, no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones que se les imponían, pues, de lo contrario, temían no ser contratados », recoge el auto.

Muñoz también se ocupó de los convenios laborales en la asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir , como principal responsable de la entidad. En concreto, trece personas fueron contratadas y de ellas, una «se comprometió a donar 2.900 euros por importe de 483 al mes, cantidad que finalmente satisfizo», señala la jueza.

Las tres entidades tenían su sede en un local sito en la calle Libertador José Gervasio Artigas, en el polígono del Guadalquivir, «desconociéndose quién se ocupaba de pagar los gastos de mantenimiento referidos a luz, agua o comunidad ».

En todos los casos, «la modalidad de pago seleccionada era de seis cuotas iguales los días 30 de cada mes, coincidiendo con el periodo de contratación de la empresa. La fecha de baja fue el día 30 de junio del año 2016», explica la togada, que señala que «de esta manera, la empresa ha dado cumplimiento formal, documentando el pago de los salarios a efecto de poder justificar las ayudas ».

En este escrito judicial, se dicta el auto de Procedimiento Abreviado, que pone fin a las diligencias previas al considerar que ya se han practicado todas las pruebas imprescindibles, y «a la vista de las denuncias iniciales y las documentales, la declaración de los trabajadores [...], así como toda la documental requerida y aportada por el juzgado a las entidades y a la administración pública», entre otras, se justifica en el auto. Incluso la declaración de los investigados han determinado que la causa siga adelante ya que, a pesar de negar los hechos que se les imputan, «sus manifestaciones se ven contradichas por el resto de las diligencias de investigación».

Según ha podido saber este periódico, el Ministerio Fiscal ya se ha adherido al auto del juez y considera a los tres encausados en presuntos autores de un delito contra el derecho de los trabajadores previsto en el artículo 311 del Código Penal y de dos delitos de fraude de subvenciones del artículo 308.

¿Qué toca ahora? Instrucción 8 ya ha dado traslado tanto a la acusación pública, como a la popular (ejercida por Podemos Andalucía), para que formulen la apertura del juicio oral (tras la adhesión de la Fiscalía al auto de procesamiento, está claro que no solicitará su sobreseimiento) o la práctica de diligencias averiguatorias complementarias, indispensables para articular sus preceptivos escritos.

De hecho, tal y como avanzó ABC Córdoba, Podemos, a través de su letrado, Manuel Delgado, pidió al juez la práctica de nuevas diligencias para «clarificar todos los extremos que se recogen como zonas oscuras ante la ausencia absoluta de contabilidad, o parcial, deficiente e incompleta, respecto tanto de ingresos como gastos» desconocidos en el informe pericial practicado. Sin embargo, dicha solicitud está siendo valorada por el juzgado.