La Junta de Andalucía pagará seis millones en dos años a entidades para la acogida de menores en Córdoba

La Administración andaluza paga una cantidad variable por las 84 plazas que concierta con organizaciones privadas para el acogimiento de menores que complementan los centros propios. Se trata de un recurso esencial para la respuesta a la situación de menores ya que la Junta dispone de unas 190 plazas en total (si se suman las que tienen carácter público con las que cuentan los centros concertados). El Gobierno andaluz dispone de una línea específica de subvenciones a organizaciones sociales que trabajan con chicos y chicas de otras nacionalidades que se encuentran en España sin lazos familiares. La última de esas líneas incrementó en sesenta las plazas disponibles.

El concurso de la Junta tiene en vilo a las organizaciones que trabajan con menores porque es una fuente de financiación clave para sus operaciones. En total, Igualdad ha divivido el contrato en ocho lotes. Cada uno de los lotes acaba en manos de una entidad adjudicataria aunque ello no quiere decir que se correspondan con equipamientos sociales de atención a menores. Es decir, un lote de atención a 21 menores puede acabar siendo un lugar donde vivan diez personas y otro donde se encuentren once bajo la administración de la misma organización.

Igualdad ha dispuesto 37 plazas en la modalidad de Acogimiento Residencial Básico (ARB) para la capital y otras ocho para la provincia. Se trata de los centros que no precisan de un entorno segregado para las características de los menores dadas sus conductas o la situación que presentan. Estos equipamientos pueden tener que afrontar elementos puntuales ante los que tienen que dar respuesta como menores gestantes, adolescentes extranjeros con problemas de inserción lingüística o deshabituación de drogodependencias . Además, están en proceso de licitación once plazas del programa de Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (DISC). Se trata de lugares donde se puede atender a chavales que se encuentran en situación de desamparon y que cuentan, además, con el déficit de tener que superar una minusvalía.

La Junta pagará uno 723.000 euros a las organización que se haga cargo de las diez plazas del programa específico de Conflicto Social (Cs) en la capital. Suelen ser chicos de entre 12 y 17 años que ocasionalmente tienen menos de esa edad. No han llegado a una situación de restringir sus movimientos pero sí precisan de atención concreta por su especial conflictividad . Igualdad busca también a la entidad que lleve a cabo el servicio de ocho plazas de Intervención en Problemas de Conducta (IPC). Son comunidades terapeúticas para jóvenes con graves problemas de comportamiento con vistas a su normalización.