El número de menores que llegan con problemas a la Junta en Córdoba crece un 50% en dos años

De esta forma, la plantilla de este servicio pone el acento en que el número de casos de menores con problemas que llegan al Servicio de Protección ha aumentado «peligrosamente» y que las estrategias puestas en marcha para hacer frente a esta situación han resultado insuficientes . Aunque la Junta trató de darle respuesta con un plan de choque, los recursos movilizados crecían a un ritmo muy inferior al de los menores que llegaban al departamento para la evaluación de su situación, encaminada bien a la adopción de medidas de protección sobre el menor o al archivo de los casos por no certificarse el riesgo.

Solo el equipo de recepción , conformado en la actualidad por una sola persona, atendió 257 casos en el año 2018. En lo que va de 2019 ya ha gestionado 208 de los que solo se han resuelto 151 hasta el momento. La labor de este departamento es esencial para filtrar los casos que no llegan derivados de otros servicios públicos de asistencia. Aunque este servicio también se reforzó en el último año, las incorporaciones de personal se hicieron con carácter temporal por lo que el refuerzo de las plantillas no se consolidó.

Tampoco está en los planes inmediatos del Gobierno andaluz hacerlo ahora. La Delegación ya ha puesto la situación en conocimiento de la Consejería para abordar el problema, aunque insisten en que los recursos son suficientes y están «compensados» con el número de menores que son objeto de atención en función de las ratios establecidas. La delegada territorial del área, Inmaculada Troncoso, volvió ayer a asirse a un informe de la Inspección General que defiende este extremo y quitó hierro al retraso en la tramitación de expedientes al afirmar que pertenecen, en su mayoría, a grupos de hermanos. Son 68 niños y niñas los que están pendientes de valoración pero el número de casos pendientes se reduce por esta circunstacia a 38, según sostiene la delegada.

No es, sin embargo, la postura que defienden los trabajadores, que denuncian una abrumadora carga de trabajo imposible de abarcar con garantías y en tiempo y forma. Los equipos del Servicio de Protección de Menores se declaran desbordados y señalan que algunos casos quedan más de un año a la espera de respuestas. Una situación «intolerable» para sindicatos y oposición, que exigen a la Junta más atención en materia social con una respuesta en los presupuestos autonómicos.

La parlamentaria andaluza Rosa Aguilar (PSOE) expuso que los problemas del Servicio de Protección de Menores son consecuencia de una « falta de sensibilidad social » por parte del Ejecutivo de PP y Cs, que ha causado un «retroceso» en las políticas sociales en el último año. Sin embargo, el sindicato CC.OO. culpa también al PSOE de la situación, que solo es la punta del iceberg de un « desmantelamiento del sistema de protección» que viene produciéndose desde el año 2013, cuando Susana Díaz presidía el Gobierno andaluz . El responsable de Menores del sindicato, Diego Rodríguez, afirma que la acuciante falta de recursos es también una constante en los propios centros de menores, que han perdido 500 plazas desde entonces en toda Andalucía. Esta realidad se ha agravado con la llegada de cada vez más menores extranjeros no acompañados (menas). La ecuación de más niños necesitados de protección y menos trabajadores especializados para atenderlos da como resultado, afirma, un servicio que no da a basto a atender situaciones críticas y urgentes que se quedan demasiado tiempo en el limbo.

También en Adelante Andalucía son conscientes de que este problema no es fruto de un día ni tiene un carácter puntual, sino que la situación viene heredada del gobierno anterior que, a su juicio, tampoco se volcó con un tema tan delicado como es la atención a menores en desamparo o en severas situaciones de vulnerabilidad. Prueba de ello es que los refuerzos de personal no han resuelto la situación, que requiere una respuesta desde la « voluntad política », y eso solo se puede hacer con más partida en los presupuestos. Así lo afirma la parlamentaria Ana Naranjo , que recordó además que hay aprobado un Plan de Infancia que debe asumirse como línea estratégica de las políticas.