La Inspección de Trabajo investiga los contratos de Guadalquivir Futuro

Se trata de la primera iniciativa para esclarecer los hechos que tiene lugar desde que este periódico publicase los primeros documentos en los que asegura que los empleados de entidades como la Fundación Guadalquivir Futuro o Jóvenes hacia el Futuro eran obligados

a entregar una parte del salario que paga la Junta «para los fines propios de la organización». Los responsables de estas organizaciones han negado los hechos en varias ocasiones tanto a instancias de este periódico como por medio de un comunicado en el que anuncia medidas judiciales contra ABC . El máximo responsable de la asociación juvenil es el secretario local de Juventudes Socialistas, Cristian Menacho , que fue en la candidatura de Isabel Ambrosio a la Alcaldía pero no obtuvo acta de diputado. Su madre, Ángeles Muñoz , es la presidenta de la fundación e iba en la candidatura de Juan Pablo Durán , cuando intentó ser alcalde de Córdoba en 2011.

La decisión de la Inspección de Trabajo es diametralmente opuesta a la de la Junta de Andalucía , quien después de anunciar que verificaría los hechos -el delegado de Economía, Manuel Carmona, tuvo acceso a parte de la documentación manejada por este periódico- aseguró que estaría vigilante pero no abriría ninguna investigación formal . La delegada del Gobierno y exalcaldesa de La Carlota, Rafaela Crespín , instó a los trabajadores afectados a ir a Magistratura de Trabajo -los juzgados de los social- si sentían lesionados sus derechos.

El requerimiento de documentación que se realiza a los trabajadores afectados desde la Inspección de Trabajo es el contrato de trabajo y los recibos de pago de salarios desde la fecha en la que se inició la vinculación laboral. Además, se pide el acuerdo de donación suscrito «en su caso» en favor de las siguientes entidades: Fundación Guadalquivir Futuro , Asociación Jóvenes para el Futuro o Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir . Junto a ello, se reclama cualquier recibo o cargo bancario en el que se acrediten dichas entregas de dinero. No todos los empleados han pagado por transferencia bancaria, según los testimonios recabados por este periódico, en los planes Emple@ de 2014 y 2015. Los últimos contratos de esta modalidad que estaban vigentes ya se encuentran vencidos tras haber culminado el periodo de servicio pactado.

La legislación que da poderes a la Inspección de Trabajo es bastante simple. Los trabajadores que son llamados a declarar de esta manera

tienen no solo el derecho sino la obligación de presentarse al llamamiento del responsable de una investigación de estas características, que tiene poderes de autoridad pública. Al término de su vinculación laboral, los trabajadores del Emple@ están recibiendo un documento de sus entidades pagadoras que consiste en un desglose horario . En el documento se lee que la jornada laboral realizada era de ocho horas. Dicho informe ha de ser firmado por cada empleado al término del contrato, una formalidad poco usual en las relaciones laborales. Dicho documento se pasa a la firma de los trabajadores. Otras fuentes consultadas aseguran que la jornada de ocho horas solo se implantó en estas entidades cuando ABC publicó la primera información sobre esta cuestión.

Se trata de un elemento clave para la defensa legal de las entidades afines al PSOE, que aseguran que las vinculaciones eran a jornada completa. El programa Emple@ obliga a que el desarrollo de las contrataciones se realice por ocho horas, según los decretos reguladores de esta actividad. Las bases aseguran que las cantidades que se entregan a las entidades sin ánimo de lucro no tienen otra finalidad que abonar los salarios de personas que salen de las listas del desempleo conforme a un perfil determinado de paro de larga duración o jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.