La destitución preventiva

Sí es público y notorio que forma parte de un observatorio que tiene el Obispado de Córdoba para chequear la situación de los cristianos perseguidos. Este departamento de la diócesis emite un informe sobre la situación del respeto a las personas que practican la religión católica a lo largo y ancho del planeta Tierra. El documento destaca las zonas donde ser cristiano puede traer problemas graves con las autoridades o con grupos paramilitares de orientación extremista, fundamentalmente musulmana.

He buscado posicionamientos de Trinidad Lechuga sobre salud sexual, reproductiva e interrupción del embarazo sin éxito hasta el momento en el que escribo estas líneas. Tampoco constan declaraciones de la nuevo cargo sobre el asunto que va a poder gestionar en sus ratos libres. El puesto para el que se le ha designado no implica que pueda dejar de pasar consulta en su centro de salud -es médico de familia - ni genera derecho a remuneración alguna más allá de dietas por desplazamientos. Lo único que sí se puede rastrear es su trabajo en materia de salud pública donde ha colaborado con los distintos equipos del SAS en asuntos de formación médica, ética o participación ciudadana.

El nombramiento ha sido «saludado» con titulares sobre su condición de alto cargo del Obispado de Córdoba, cosa que habría que matizar. Cargo, sí; pero alto, no. La diócesis cuenta con una amplia estructura en la que existe hasta un Secretariado para el Apostolado en la Carretera , flipen. Si el obispo es el general, la doctora Lechuga sería, a lo sumo, cabo. En segunda instancia, se le identifica como «antiabortista radical» por su relación con el Obispado que es, se dice, uno de los más guerrilleros contra esta realidad. Como si Córdoba fuese un infierno apocalíptico de clínicas ardiendo. Cosa que podemos asegurar que no pasa.

Dos cuestiones llaman poderosamente la atención. La doctora Lechuga ha sido sentenciada políticamente antes de escribir un folio o de comparecer ante el Parlamento para explicar sus planes. Tanto el PSOE como Adelante Andalucía han pedido directamente su destitución preventiva asignándole un radicalidad que, a la fecha a la que se escriben estas líneas, es una presunción. De hecho, la pregunta no es si esta persona es católica o no. La cuestión es si Trinidad Lechuga o quien sea tiene el suficiente discernimiento para, fuere cual fuere la fe que profesa, cumplir las leyes vigentes que, en el caso del aborto, dependen del Congreso y el Senado sabiendo, como debe saber, que no existe objeción de conciencia para el cargo público.

Cuidado con pedir certificados morales para el ejercicio de actividad administrativa o política alguna. El próximo en llegar puede decir, siguiendo la misma lógica imperturbable, que un musulmán no puede ser nombrado para un puesto porque existen musulmanes que entienden a la mujer como un sujeto sin derechos políticos. O, al contrario, que ser ateo o estar divorciado incapacita para el desempeño del servicio público . Y eso sí que da miedo, mucho miedo.