Construcor revela que el Gobierno rechaza la vía fijada para agilizar el Centro de Ferias de Córdoba

El Consistorio de Córdoba anunció en noviembre que adjudicará de forma directa los trabajos que quedan del inmueble, la mitad, a Tragsa , sociedad pública estatal. El sector de la construcción ya había mostrado a nivel nacional su rechazo contra esta fórmula, al considerar que, recurrriendo a la citada Tragsa , se estaba hurtando a las firmas privadas la posibilidad de acudir a concursos de las Administraciones . Construcor había expresado una queja en el mismo sentido.

Pues bien, esta patronal cordobesa ha remitido hoy, uno de marzo, un comunicado en el que informa que «el Ministerio de Hacienda ha estimado el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de Construcción , y en su caso Construcor, ante el uso abusivo e indebido » que hacen las instituciones de la contratación de proyectos con Tragsa . Las Administraciones recurren a ella, cuando obras potentes se bloquean, porque pueden hacer una adjudicación directa y eso les evita tener que hacer una nueva licitación, que suele conllevar un tiempo largo de adjudicación.

Construcor recuerda que el caso más reciente denunciado por este colectivo es el del Centro de Ferias y Convenciones . Para reanudar los trabajos, sigue la nota, la Diputación de Córdoba pretende realizar un encargo a la citada sociedad estatal , «dándose la circunstancia de que la institución provincial no es ni la titular del equipamiento ni la propietaria de las obras, sino el Ayuntamiento». La Diputación tiene firmado un convenio por el que aporta 1,5 millones al proyecto, valorado inicialmente en 10,9.

La patronal cordobesa de la construcción advierte que, de materializarse el encargo a Tragsa para este equipamiento municipal de muestras y congresos, se estaría produciendo un « claro fraude de ley del que podrían derivarse las consiguientes responsabilidades personales y patrimoniales ».

En el caso de la capital, esta sociedad estatal fue la que ejecutó los trabajos pendientes de la ampliación del Palacio de Congresos , que llevaba casi dos años parada. La Junta recurrió a ella en 2017 y en octubre abrió sus puertas. En Córdoba también, el Ministerio de Cultura ha encargado a Tragsa que resucite por 9,7 millones la obra de la Biblioteca del Estado , detenida desde finales de 2016.

El órgano que ha emitido la resolución es el Tribunal Central de Recursos Contractuales , adscrito al Ministerio de Hacienda . A instancias del citado recurso de la Confederación Nacional de este sector, este ente, precisa Construcor, ha dictaminado que Tragsa , de acuerdo con su propia denominación [Empresa de Transformación Agraria SA], tiene como « función primordial la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural , conservación del medio ambiente, control sanitario, atención a emergencias y otras actuaciones conexas con el mundo rural». «Hacienda niega que pueda ejecutar obras o servicios que no se correspondan con las funciones que constituyen su objeto social», argumentan los constructores.

Por ello, se señala en otro apartado del comunicado de la patronal de la construcción que Tragsa «no puede ejecutar obras en zonas o núcleos urbanos operando "de facto" como empresa constructora del sector público estatal, autonómico y provincial». Para Construcor, esta sociedad pública está actuando contra los principios de libre concurrencia y de acceso de las pymes a la contratación. Incurre, a su juicio, en un «claro falseamiento de la competencia».

En la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales, se analiza también la actuación de Tragsa en casos de emergencia . Y se indica que ese tipo de emergencias «tiene un carácter excepcionalísimo frente a los procesos de licitación pública [sacar a concurso los proyectos a ejecutar]». «Debe valorarse con criterios muy restrictivos», sentencia Construcor.