Caso Invercaria | La Fiscalía ve una «absoluta falta de control» de los fondos públicos

Durante la sesión, el fiscal anticorrupción encargado del caso ha considerado que los delitos atribuidos radican en «cada préstamo participativo» concedido y desembolsado por Invercaria para la actividad de Juana Martín siempre que la cuantía superase la barrera de 100.000 euros , exponiendo que pese a que el Plan Director de Invercaria ceñía la inversión en «proyectos semilla» a la «viabilidad» de los mismos, entre otros aspectos; el «destino final» de tales préstamos fue «cubrir las pérdidas recurrentes» de la actividad de Juana Martín, canalizada primero mediante la sociedad Juana Martín Diseño y después y en paralelo a través de la entidad Juana Martín Andalucía, de la que participaba la propia Invercaria.

Los citados fondos públicos, además, fueron usados según el fiscal para la adquisición de un inmueble en Córdoba, considerando que «todos los acusados tenían conocimiento» de que los préstamos participativos de Invercaria estaban siendo usados para «atender» las diferentes contingencias de la actividad de la modista, frente a los requisitos estipulados.

Además, ha señalado la detección de transferencias de hasta 90.000 euros de los fondos públicos de Invercaria mediante sólo «órdenes verbales», extremo que ha conectado con la «absoluta falta de control de los 43 millones de euros de fondos públicos» de los que dispuso Invercaria, algo «conocido» además por los acusados, según su tesis.

El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) , socia única de Invercaria, ha manifestado de su lado en su informe que Invercaria decidió inyectar un primer préstamo participativo de 120.000 euros en la sociedad Juana Martín Diseño, creada «ex profeso» por la modista para recibir el dinero público tras las conversaciones previas, «sin ningún tipo de estudio».

Según su informe, el proyecto de inversión relacionado con la diseñadora de moda Juana Martín partió de «un traje a medida» que supuso «un evidente desvío de poder », es decir que fue «construido un edificio jurídico para dar el dinero» con una «confusión entre los distintos sujetos», o sea la modista y las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía.

El abogado del PP andaluz, que no había formulado acusación contra Cantos y en sus conclusiones finales retiraba los cargos contra el resto de los acusados, ha asegurado que tras la celebración del juicio, no hay prueba de «dolo, arbitrariedad o autoría por parte de los encartado», considerando que, en efecto, «se ha perdido dinero público, pero en circunstancias que se ajustaron a la normativa aplicable», es decir que no ha mediado «desvío» del dinero público .