La secretaria provincial del PSOE, Rafaela Crespín, descarta cesar al alcalde procesado en Guadalcázar por escuchas ilegales

Crespín ha querido salir al paso de esta cuestión asegurando que «eso está en manos de la Justicia; vamos a esperar a ver qué nos dice la Justicia y se dilucida qué ha pasado ahí». La máxima responsable de los socialistas en Córdoba se escuda, sin embargo, en que el procesamiento del actual alcalde de Guadalcázar «es un tema entre dos particulares: es una denuncia mutua entre dos particulares, por tanto, en cuanto a la responsabilidad de partido nosotros hemos abierto nuestro expediente informativo, que se mantiene abierto, y unido a ese expediente se puede defender el acusado».

La secretaria de los socialistas en Córdoba ha repetido hasta en tres ocasiones en rueda de prensa en la sede de la avenida del Aeropuerto y a preguntas de ABC «que se trata de una cuestión entre particulares» pese a que el denunciante es el exalcalde Francisco Estepa (PSOE) -ya apartado de las filas socialistas y de la militancia-, y el actual alcalde de Guadalcázar Domingo Reina, -con quien Crespín mantiene vínculos familiares al ser el marido de una prima hermana suya- y que ambos en ese momento eran cargos públicos socialistas y los hechos ocurrieron en el propio Consistorio utilizando además para cometer este delito medios públicos como el sistema de alarma municipal.

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A la pregunta de si no es suficiente que el actual alcalde de Guadalcázar (PSOE) esté procesado para cesarlo, Crespín ha respondido enrocándose en que «en base al expediente informativo donde tiene la posibilidad de defenderse también las dos personas -ahora ya uno sólo del PSOE que es el alcalde actual- no olvidemos que el anterior es un exalcalde compañero de partido, por tanto es un tema entre particulares».

Fuentes de la Asesoría Jurídica del PSOE de Córdoba han explicado a ABC que «hemos abierto un expediente informativo con el caso de las escuchas de Guadalcázar y en base a ese expediente tomamos toda la información, analizamos y se toman las decisiones si hay que tomar una decisión».

En este sentido, desde la asesoría de los socialistas han insistido en que «no se puede confundir que la mera apertura del juicio oral lleve aparejada la suspensión de la militancia en las filas socialistas. ¿Si hubiera prevaricación o malversación? En ese caso si estaría justificado el cese de la militancia».

En este sentido, desde el PSOE han matizado en que «cuando hay auto de apertura de juicio oral el partido puede tomar actuaciones siempre que estamos hablando de terminados delitos como violencia sobre la mujer, cuando hablamos de una cuestión de corrupción..., pero el tema del Ayuntamiento de Guadalcázar es un delito de escuchas de revelación de secreto, en ese delito en concreto no lleva aparejada la suspensión».

En este caso de escuchas ilegales en el Ayuntamiento de Guadalcázar, el fiscal recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, que desde fecha no acreditada, «pero en todo caso a lo largo de ese mes de marzo de 2021, el acusado utilizó en numerosas ocasiones su teléfono móvil corporativo del Ayuntamiento mediante la realización de la «llamada silenciosa al panel» de la empresa de seguridad, que gestionaba el sistema de alarma del edificio del Ayuntamiento».

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De este modo, escuchaba las conversaciones que se llevaban a cabo en dependencias municipales entre el alcalde de la localidad y resto de miembros de la Corporación local y funcionarios, sin el consentimiento ni conocimiento de estos, para de este modo poder conocer el contenido de sus conversaciones privadas.

La Fiscalía recoge en su escrito de calificación que el que fuera teniente alcalde entonces está acusado de delito de descubrimiento y revelación de secretos. De este modo, solicita la pena de prisión de dos años y seis meses, multa a veinte meses a razón de 15 euros diarios e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años. Por su parte, la acusación particular ejercida por el exalcalde Francisco Estepa pide por estos mismos hechos para el acusado tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros.