Quioscos de pan, golosinas y... tabaco de contrabando: así operaba una red de criminal condenada a 23 años de cárcel en Córdoba

El tribunal recoge en su sentencia como hechos probados que por parte de la Brigada Provincial de Información y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Córdoba se interesó al juzgado que se autorizara la entrada y registro de varios domicilios toda vez que después de la ardua y minuciosa investigación llevada a cabo, se pudo determinar que los acusados formaban una estructura que se dedican a la venta ilegal de tabaco y donde cada uno de ellos llevaba a cabo distintas actividades y funciones, asimismo dicha investigación arrojó el resultado de que los acusados podían estar en posesión de armas de fuego para llevar a cabo la actividad mencionada anteriormente.

El origen de la investigación se remonta al año 2014 en el que se detectó por parte de la Brigada Provincial de Información la existencia de un grupo de personas perfectamente organizadas y con distintas funciones, muchos de sus componentes unidos por lazos familiares el cual se estaría dedicando al contrabando de tabaco.

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El modus operandi de la actividad consistía en que los acusados disponían de dos establecimientos de venta al público de pan y golosinas, uno de ellos ubicado en un polígono de Córdoba donde el acusado José F. P. junto con su mujer la acusada Alba P., así como también el acusado Luis H. F. procederían a la venta ilegal de tabaco, el otro local donde procederían a la venta de tabaco ilegal el acusado José Antonio M. H., su mujer Antonia F. P. y la hermana de ésta Tamara F. P. pues en las vigilancias que se llevaron a cabo por los agentes de policía en fecha 16 de abril, 22 de abril y 16 de mayo del año 2019 se pudo comprobar como dichas personas procedían a la venta de tabaco de contrabando en el quiosco de golosinas.

Tales acusados utilizaban los locales descritos para la venta en pequeñas cantidades de tabaco, ocultando el tabaco en gran cantidad en pisos de seguridad y donde no se llevaba venta alguna todo ello con la finalidad de deslindar esas viviendas de la actividad ilícita, pues en el contrabando el límite entre el ilícito penal y administrativo se encuentra en 15.000 euros.

En este sentido en las vigilancias llevadas a cabo se pudo comprobar que el traslado de tabaco desde los pisos de seguridad a los locales descritos anteriormente se hacía en cantidades siempre inferiores a la cantidad de 15.000 euros por parte de José F. P., Diego F. P. y José Antonio M. H. los cuales en unas ocasiones hacían los traslados descritos y en otras asumían funciones de vigilancia alrededor de los domicilios aparte de tener el control de la actividad de venta, en concreto uno de los pisos en donde se ocultaba el tabaco en un polígono de esta capital.

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Por tanto dicho organigrama lo formarían los hermanos Antonia, Diego, Tamara y José F. P., así como por el acusado José Antonio M. H. que está casado con Antonia F. P., por la acusada Alba P. S. que está casada con José F. P. y finalmente formaría parte de la organización Luis H. L..

Con fecha 4 de marzo de 2020 se procedió a la práctica de las entradas y registros de los domicilios indicados donde se intervino: una pistola detonadora modificada, con su cargador; una pistola semiautomática de calibre 22 con su cargador, así como cartuchos y munición correspondientes.

Por otra parte se intervino armas blancas: en concreto un hacha de 40 cm, un hacha de 30 cm, un machete con puño de hueso de 25 cm de hoja, una daga con empuñadura de serpiente de 28 cm de hoja, una navaja de cachas marrón de 10 cm de hoja, una navaja multiusos del ejército, una navaja de cachas de madera de 8 cm, una navaja de 5 centímetros de hoja, tres botes rojos de sprays de defensa personal e igualmente se intervino 9.980 euros en efectivo y en el cacheo que se efectuó al acusado J.A.M. se le intervino la cantidad de 2.525 euros, procedente de la actividad ilícita llevada a cabo.

En el registro del domicilio sito en la calle XXX número XXX domicilio de los acusado José F. P. y Alba P. S., se intervinieron tres llaves de tres automóviles, dos máquinas de contar billetes, un arma tipo carabina, un arma tipo ametralladora, una pistola tipo HK, un walkie talkie, un arma tipo subfusil, otra arma tipo subfusil, 13.000 euros en efectivo, 12 relojes, un ordenador personal, dos pistolas Tasser con sus respectivos maletines y un bote de spray de defensa personal.

En la vivienda que usaban habitualmente por los acusados José F. P., Diego F. P. y José Antonio M. H. se intervienen seis llaves, mando a distancia, móviles, una espada y una navaja de grandes dimensiones, palos, porras, un pasamontañas, un cuchillo y 42.824 cajetillas de tabaco de distintas marcas.

En la inspección de la panadería se intervino al acusado Luis H. L. un juego de llaves que coincidieron con las puertas de acceso al interior de la vivienda donde se oculta el tabaco asimismo reconoció tener un fusil el cual hizo entrega de forma voluntaria una vez se trasladaron los agentes a su vivienda donde se hizo entrega de un fusil Airdoft, diversas prendas Airdoft, una camiseta, bolas, mira telescópica, cargadores y un móvil.

En la inspección del kiosco de golosinas se interviene a Tamara F. P. un total de 44 cajetillas de tabaco de distintas marcas y en su casa un total de 610 cajetillas de distintas marcas, una pistola detonadora.

La valoración de las cajetillas de tabaco intervenidas a los acusados asciende a la cantidad de 203.122,65 euros teniendo los acusados la intención de procurarse un beneficio ilícito propio con el correlativo perjuicio para el Tesoro Público, mediante la ocultación al mismo de las transacciones de tabaco que se pudieran efectuar, no constando que dicho producto estancado haya sido objeto de liquidación tributaria alguna en la Hacienda Pública española a través del abono del correspondiente impuesto especial en las aduanas del territorio español.

La deuda tributaria defraudada según el informe pericial efectuado asciende a la cantidad de 177.693,93 euros así como cuatro vehículos de distintas marcas, alguno de ellos de alta gama. Ninguno de los acusados posee permiso ni licencia de armas en vigor y todos ellos tenían plena disponibilidad de las armas aludidas.

En cuanto al delito relacionado con el blanqueo de capital, la sentencia facilitada por el TSJA a ABC, recoge que finalmente los acusados han realizado conductas tendentes a incorporar al tráfico económico- financiero legal los beneficios obtenidos en la realización de la actividad delictiva-llevada a cabo ( contrabando de tabaco) y que supondría un lógico intento del encubrimiento del origen de los fondos, detectándose un incremento de patrimonio anormal, habiéndose constatado, hechos a través de lo cuales se comprueba y se infiere la intencionalidad de los acusados de la ocultación de la titularidad de los mismos, usando para ello testaferros, principalmente a la acusada Alba P. S. a la que la organización en todo momento intentaba desligar de cualquier comportamiento sancionable, cometido por los mismos .

La acusada Alba P. S. con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero obtenido con el contrabando de tabaco adquirió tres propiedades urbanas: dos locales comerciales y una vivienda residencial. Las dos primeras fueron adquiridas al mes y medio de cumplir 18 años.« La residencial fue adquirida con 20 años. No constan préstamos hipotecarios. No constan ingresos y capacidad de ahorro que permita tales adquisiciones», reza en el fallo judicial.

De este modo, la sentencia condena a los siete acusados por delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, contrabando de tabaco y blanqueo de capitales a penas que van de los 6 años y tres meses de prisión para J.A.; para Alba y Antonia una condena de 3 años y cinco meses; a Diego 2 años y tres meses de cárcel; para José F.P., 4 años y 9 meses de cárcel, y a los que menos prisión han sido condenados son a un año y 11 meses de prisión para Tamara F.P. y Luis. Las multas van de los 150.000 a los 88.000 euros para cada uno de los condenados en esta sentencia.

A las penas de prisión se une el pago de una indemnización conjunta de 127.693,93 euros, así como el comiso de todos los bienes muebles intervenidos (dinero, armas, vehículos y resto de efectos intervenidos, excepto los bienes inmuebles), a los que se dará el destino legal correspondiente.